Venezuela no aprobó el examen de los Derechos Humanos en la ONU

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“Si nos hablan así en esta audiencia, ¿Cómo será con los críticos dentro de Venezuela?”, le expresó a la delegación venezolana uno de los expertos del Comité de Derechos Humanos de la ONU durante la evaluación del cumplimiento por parte del Estado venezolano del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la pregunta bien puede darnos una idea de lo deplorable que resultó dicho examen para el gobierno de Nicolás Maduro y su funcionariado.

La comparecencia tuvo lugar los días  29 y 30 del pasado mes de junio en Ginebra, adonde acudió  la delegación oficial compuesta por la fiscal general de la República, Luisa Ortega; el director de Conatel, William Castillo y la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, entre otros.  Por momentos la reunión se tornó tensa, sobre todo cuando la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, negó a todo trance que a la jueza María Lourdes Afiuni no se le haya garantizado el debido proceso y  hubiera sido objeto de tortura y abusos sexuales durante su tiempo de reclusión, tal como lo ha denunciado. El Comité consideró que la posición de la Fiscal no era consistente con su cargo ni con las normas de la ONU.

Desde hace tiempo, al Estado venezolano se le viene acusando de no cumplir con el compromiso de garantizar los derechos humanos y además  de no entablar un diálogo abierto y constructivo con los organismos internacionales, que defienden esos derechos.  No es casual que Venezuela tuviera quince años que no asistía al examen de la ONU, como se les recordó en la audiencia cuando la Fiscal se quejó de los términos del diálogo, que consideró discriminatorio.

Hay un amplio abanico de violaciones a los derechos humanos pero, a decir de los observadores, la preocupación de los miembros del Comité estuvo puesta en la falta de independencia del poder judicial y las afectaciones a la libertad de expresión, donde la comisión venezolana fue interrogada sobre casos muy emblemáticos, como el bloqueo de la señala de NTN24, la prohibición de salida del país de 22 directivos de medios, las sanciones a Globovisión años atrás por la cobertura de un motín en la cárcel de El Rodeo, la falta de papel periódico y bloqueos a páginas web.

Ante estos señalamientos, los funcionarios venezolanos no mostraron ningún propósito de enmienda. El director de Conatel, William Castillo, sostuvo que la señal de NTN24 fue bloqueada porque  “estaba promoviendo la agitación social” y que la funesta ley de Responsabilidad Social de los Medios es usada “para la protección de la sociedad”. “El espectro es un patrimonio público y el Estado lo administra”, subrayó.

En un país donde los medios de comunicación han sido convertidos en una maquinaria para la ideologización, el proselitismo y para  promover la división de la sociedad, Castillo afirmó, refiriéndose al sector comunicacional independiente,  que “los medios de comunicación social no pueden ser para transmitir el odio y la discriminación”.

Tras negar que sea una política de Estado bloquear páginas web y que hayan bloqueado imágenes de Twitter, reconoció que 1060 sitios han sido bloqueados “legalmente” por requerimiento de otras autoridades.

Consultado sobre la crisis de papel que ha afectado a los medios impresos desde 2013, Castillo afirmó que todo se debe a  que “los dueños de los rotativos mantenían una corrupción porque revendían el papel en dólares”. Inexplicable que de manera tan simplista se quiera despachar una problemática que ha puesto fin a la existencia de varios medios.

Especial énfasis hicieron los Comisionados en el informe sobre acceso a la información pública, en el que se señala que el 94% de preguntas no tienen respuesta del Estado, siendo la transparencia administrativa una de las grandes exigencias democráticas del Estado moderno.

Esto es sólo a grandes rasgos algunos de los casos que fueron objeto del examen de la ONU. Ellos y la revisión global no dejará duda de que el Estado no ha cumplido con su obligación jurídica internacional de proteger los derechos civiles y políticos y hoy se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, como lo denuncian la ONGs, que también han sido víctimas de acosos y presiones indebidas.

Gregorio Salazar

Directivo de Expresión Libre

Ex-Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa