La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

Quitar las manos políticas de la televisión

 

Cuando tomó posesión de la Presidencia de Castilla La Mancha, a Emiliano García Page se le veía preocupado con la televisión autonómica. En realidad, ya se le notó muy inquieto durante la campaña electoral, en la que prometió, de manera insólita y desproporcionada, destituir al director general. Pocas veces, por no decir ninguna, la cabeza del director de la television ha sido motivo de un brindis electoral. Luego, en los primeros días de ejercicio de su poder autonómico, García Page maniobró para sortear los inconvenientes legales y los plazos con objeto de cobrarse la pieza, y no descansó hasta que lo consiguió. Sustituido el director general que había designado el equipo político anterior, el nuevo presidente de la Comunidad pudo dar por ocupada la preciada cota de la televisión pública autonómica y por conquistada la posibilidad de dormir tranquilo.

Pocos episodios como éste, ocurrido en la semisombra que deja en los aledaños informativos el foco proyectado sobre las grandes noticias, ilustran mejor la importancia que para los políticos, con excepciones escasas, tiene la televisión pública, que quieren a sus órdenes como un contumaz aparato de propaganda. La historia de la televisión autonómica es la crónica general de un abuso de poder. La resolución de García Page, que precede a decisiones sobre los problemas de los ciudadanos manchegos, que seguramente consideran más importantes y urgentes que el control de la máquina de modelar conciencias, no es, sin embargo, insólita en los anales autonómicos. Por lo general, los presidentes regionales empiezan por asentar sus reales en la televisión y luego se ocupan de lo demás. Hasta el presidente valenciano, Ximo Puig, se ha obsesionado con abrir el Canal 9, cerrado por el Gobierno precedente por falta de recursos y a pesar de que éstos siguen escaseando. Ante la oportunidad de controlar la television, otros apuros pueden esperar.

Por eso hay que saludar como una novedad el proyecto anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con el objetivo de establecer las condiciones para librar a Telemadrid del control político por el gobierno autonómico de turno. Entre las medidas que contiene el texto, que tendrá que debatir la Asamblea autonómica, hay una que me parece esencial para frenar el abuso: la fijación del mandato del director general en seis años, lo que le situaría al margen de los vaivenes políticos y de los caprichos del Gobierno que entrara en funciones. Durando seis años su mandato y cuatro la legislatura, no sería posible su destitución al estilo García Page, de modo que se evitaría en gran parte la instrumentación del aparato informativo, o sea, su explotación como maquinaria propagandística.

Yo creo que la solución al uso político de la television autonómica es su desaparición. Lo he dicho y escrito muchas veces. La televisión pública en España forma el mayor y más potente grupo de comunicación y si hay algo que evita que sea un aplastante panzer ideológico es la diversidad de los controladores políticos: nacionalistas en Euskadi, socialistas en Andalucía, independentistas ahora en Cataluña, populares en Galicia… Pero solo el cierre atajaría los intentos de manipulación. Eso es imposible en la España actual, en la que, por el contrario, surgen grupos políticos que quieren engordar las televisiones públicas y menguar con variados controles los medios privados, como sostiene Podemos aunque ahora lo oculte sin rectificar su propósito. Como es imposible que las televisiones autonómicas desaparezcan, al menos que se empiece por preservar su independencia. Ojalá el plan de Madrid salga adelante, y a ser posible mejorado.

Una cosa más. Algunos colegas han preferido fijarse en un aspecto colateral de la tramitación del proyecto del Gobierno madrileño. Como los plazos parlamentarios impedirán que sea aprobado antes de final de año, la actual configuración de Telemadrid permanecerá hasta entonces y no será posible que el PSOE y Podemos, por esos equilibrios de despacho que han llevado a poner el equipo municipal en manos de los populistas,  accedan a dominar el Consejo de Administracion ni que empiecen a maniobrar para sustituir a la dirección. A mí, en vez de una maquinación para seguir controlando Telemadrid, me parece una buena noticia que no entren los que quieren aprovecharse de ella para influir sobre la conciencia de los ciudadanos. De lo que se trata no es de controlar más o menos las televisiones sino de quitar las manos políticas de ellas.