La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

Política con ficción

Describir la realidad de las cosas exige esfuerzo intelectual y voluntad de respeto a los hechos después de haber comprobado la veracidad de los datos que acreditan lo que sucedió. La descripción de la realidad admite también la invención de situaciones, pero estamos entonces ante otra manera de enfrentarse a lo que ocurre verdaderamente. Con el primer ejercicio se obtiene ese producto de valor incalculable para conocer el mundo lejano y próximo que es la información. El segundo ejercicio da lugar a la narración literaria (novela, cuento, teatro, series…) cuando el autor se presenta sin disimulos a su audiencia como un creador o inventor de realidades, pero en otros casos, cuando pretende hacer pasar por ciertos acontecimientos no comprobados, lo que construye es una ficción disfrazada que tiene el sonoro nombre de mentira y que causa un daño seguro a quienes se les ofrece.

Esta distinción entre el relato verdadero y el relato de ficción, con sus variantes, está muy clara para los profesionales del periodismo, que a veces, cuando fracasan en la construcción de una información, es decir, de la verdad, o la deforman conscientemente, reciben un merecido reproche público. Pero no está tan clara en un sector en el que con demasiada frecuencia se argumenta con datos no comprobados y con simples sospechas y conjeturas. Me refiero al ámbito de la política y lo digo asombrado y preocupado por el espectáculo que algunos políticos han ofrecido en el rifirrafe ocasionado por la entrevista del ministro Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato en la sede central del Ministerio del Interior.

Vaya por delante que esa reunión me parece un error político derivado de no haber sabido valorar las consecuencias que podría ocasionar en el clima tan encanallado de las vísperas electorales más largas y más intranquilas que ya nos ofrece la vida política, y en las que los episodios descubiertos de corrupción tienen una influencia tan traumatizante. Yo entiendo que la personalidad de Fernández Díaz le haya llevado a escuchar la preocupación de un amigo hasta hace poco correligionario por sus problemas de su seguridad, que es lo que dice que hizo, pero me parece que no es aceptable que el ministro no canalizara el asunto hacia los responsables policiales adecuados. Al final, la reunión se ha podido interpretar como un trato de favor inaceptable y, en consecuencia, como un resbalón político.

Ahora bien, este error no justifica la invención de hechos para justificar una operación de acoso político. Me refiero a la maniobra organizada por el Partido Socialista de Pedro Sánchez que, para cobrarse la cabeza de un ministro, construye una ficción que la eleva, nada menos, hasta los predios de la administración de Justicia. Antes de que el ministro informara en el Parlamento de sus razones para recibir a Rato, el Partido Socialista presentó una querella contra él acusándole de la comisión de los delitos de prevaricación, de omisión del deber de perseguir delitos y de revelación de secreto. Nada tendría de particular el derecho/obligación de acudir a la Justicia si no fuera por el detalle, no pequeño sino inmenso, de que la querella se presentó sin datos que avalaran las acusaciones sino solo con suposiciones, o sea con afirmaciones no fundamentadas. Con similares inexistentes formalidades, todos los ciudadanos podrían querellarse contra todos los demás acusándolos de los más reprobables actos.

Como la querella está huérfana de datos y solo abunda en sospechas no fundadas, el Partido Socialista se ocupa de seguir creando interrogantes sobre la actitud del ministro con más suposiciones y así su secretario de Política Federal, Antonio Pradas, asegura sin pruebas que Mariano Rajoy conocía la reunión y el propio Sánchez se ha visto en el trance de animar la ficción para lo que ha declarado “inverosímiles” las “excusas” del ministro. La oposición en general ha rechazado las explicaciones de Fernández Díaz, cosa prevista, pero ningún grupo, salvo el socialista, ha dado por ciertas en papel firmado y enviado al fiscal gestiones no probadas. Yo no sé si Sánchez y su equipo son conscientes de la frivolidad, pero reconocerán que si ese nivel de inveracidad se contuviera en una información de un periódico referida a ellos, caerían sobre el periodista y sobre el medio con las más radicales acusaciones de manipulación y falsedad. Y tendrían razón porque los datos hay que confirmarlos.

Este modo de actuación de un partido cuyo líder quiere gobernar España ejerce un efecto letal sobre la sociedad porque, a fin de cuentas, mucha gente imita los comportamientos que ve en quienes son objeto de atención pública. Hay quien acaba pensando que lo que hacen los líderes políticos es siempre correcto. La comunicación produce efectos, a veces desoladores, en la opinión pública y es ridículo responsabilizar de ello exclusivamente a los medios informativos. En este caso, han sido los políticos los autores de la deshonestidad de dar por cierto lo que es solo una suposición.

Hay otro efecto de la batalla política en torno a la reunión en Interior, que también llueve sobre mojado. Rodrigo Rato, que está imputado/investigado por varios supuestos delitos, es una persona que, según la ley, merece ser considerada inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Supongo que para algunos, en el ambiente que se ha creado, esta afirmación será una herejía, pero la presunción de inocencia es un derecho de toda persona que no ha sido condenada. Pues bien, en la práctica todos han tenido a Rato por culpable, y a ello se han agarrado para organizar un ruido político tan atronador. No es extraño que para mucha gente Rato sea un indigno ya condenado. Es por esto que la agitación política de estos días ha significado un golpe de gracia al derecho a la presunción de inocencia, que ya estaba ciertamente más muerto que vivo por la actuación, sobre todo, de los políticos sobre él. Esto conviene tenerlo en cuenta para cuando se acuse a los medios de no respetarlo suficientemente. Por mucho que se esfuercen los medios por no condenar con precipitación, nada podrán ante el peso insoportable de los egoísmos políticos.