La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

Pérdida de autonomía periodística

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El director de The Washington Post, Martin Baron, está de acuerdo en que el equipo de gestión en muchas empresas periodísticas de su país se ha hecho fuerte, debido a la crisis, en detrimento de la Redacción, y en que eso ha debilitado los contenidos y la independencia del periódico. Lo dice en una entrevista que ABC ha publicado en su edición de papel y colocado en la web (ver enlace). Baron prefiere defender que en su periódico tiene el poder que necesita para dirigir la Redacción, lo que es una delicadeza con su propietario, Jeff Bezos, dueño de Amazon, pero lo que dice apoyando las palabras del entrevistador es suficiente para destacar uno de los principales peligros que acecha al periodismo desde que la combinación de los problemas económicos con la competencia de nuevas y espontáneas formas de comunicación facilitadas por la tecnología se ha erigido en una amenaza para sus productos básicos.

La pérdida de la autonomía de los periodistas en sus empresas es efectivamente una de las dificultades con que la crisis económica ha distinguido al ejercicio del periodismo. Para que los periodistas puedan dedicar sus esfuerzos a servir a las necesidades informativas del público, necesitan de una libertad interna que les permita seleccionar los contenidos y tratarlos con profesionalidad. Desde luego, la historia del periodismo está plagada de atentados a la verdad y de abusos de manipulaciones por los propios periodistas; no hace falta que nadie venga a recordarlo. Pero el último desarrollo ético de la profesión ha consistido en la definición –y la puesta en práctica en ya no pocos medios- de un status de independencia en el que se entiende que el periodista sirve al público dentro y con el apoyo de una organización empresarial que respeta su trabajo.

Pues bien, la crisis económica ha puesto en serio peligro ese último estadio alcanzado por el ejercicio profesional del periodismo, que es lo que realmente necesitan los públicos para poder disfrutar de su derecho humano a la información. Despidos colectivos de periodistas, bajos y a veces indignos salarios, inestabilidades en los puestos de trabajo, escasez de medios de trabajo y otras consecuencias de la crisis económica –y también del aprovechamiento de empresas que han visto la ocasión de pescar en río revuelto- han debilitado las Redacciones hasta el punto de afectar la autonomía profesional necesaria para el cumplimiento de las obligaciones periodísticas.

Este es uno de los problemas que tiene en cuenta el Informe sobre la Libertad de Expresión en España elaborado en esta Fundación Ciudadanía y Valores, difundido en estos días, para calibrar el estado de la cuestión en nuestro país. Preguntados los autores del Informe sobre si consideran convenientemente protegido el trabajo de los periodistas, califican la cuestión con 5,43 puntos sobre 10, teniendo en cuenta cómo se han visto afectadas “las condiciones laborales de los periodistas y el respeto de su autonomía profesional”. El problema ha ido empeorando pues en los dos informes anuales anteriores, la calificación, sin reflejar una situación enteramente satisfactoria, había sido más elevada: 7,4 puntos en 2012 y 6,17 en 2013.

A este problema hay que añadir, como en el Informe se pone de relieve, que el poder político no respeta plenamente la libre actuación de periodistas y medios, teniendo en cuenta en especial “los controles políticos que se ejercen sobre medios públicos, especialmente acentuados en algunas televisiones autonómicas”. En concreto se subraya el “caso más flagrante” que se ha producido en Cataluña, “donde funciona un organismo de control de los medios (el CAC) que, bajo la excusa deontológica, no ha escatimado la presión sobre periodistas y medios, hasta el punto de actuar como agente denunciante (ante la opinión pública y ante los tribunales) de periodistas críticos con el proyecto independentista patrocinado por el presidente de la Generalitat”. La actuación del poder político ha merecido un suspenso de los autores del Informe, 4,69 puntos sobre 10, una calificación que revela que el problema se ha acentuado pues en informes anteriores, aunque la valoración no fue muy positiva, llegó a superar hasta en dos puntos a la actual: 6,8 y 5,83.

En este Informe, como ya se ha difundido (ver enlace), el estado de la libertad de expresión en España ha merecido una calificación de 6,58 puntos sobre 10, algo inferior a la obtenida en los dos trabajos anteriores. Una de las causas que han colaborado al descenso de la nota general es el escaso respeto que en algunas esferas de la comunicación se presta a las normas ética, asunto del que los periodistas no son únicos, ni muchas veces principales, responsables. Hay que tener en cuenta el espectacular desarrollo de la comunicación propiciado por las nuevas tecnologías, de modo que en los medios audiovisuales y a través de internet está mayoritariamente protagonizada por no periodistas. Es un serio asunto que pone de relieve un deterioro del clima ético en el ámbito social más que un problema de carácter profesional como el que causa la pérdida de autonomía periodística por la crisis económica, al que se refería el periodista Martin Baron. Pero ambos contribuyen a que el derecho a la libertad de expresión, regulado legalmente de manera muy positiva en España, sea ejercido en la práctica con reseñables deficiencias.