La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

Noticias pagadas bajo mano

pixabayHace casi dos meses que no aparece un nuevo texto en este blog dedicado a la libertad de expresión. En ocasiones la técnica y la suerte se alían para estorbar las tareas que deben simplificar. Pero conviene no detenerse mucho en los paréntesis sino continuar el camino. Este blog regresa sin haberse ido y con las mismas intenciones, idénticos afanes. Durante este lapso, han circulado noticias interesantes sobre aspectos diversos de la comunicación, de la información y de las opiniones que no he podido reseñar, pero me parece necesario recuperar para no dejar en el olvido un suceso que nos habla de una asombrosa transgresión de tiempos ya pasados que rebrota con lamentable buena salud. Lean si lo tienen a bien.

 

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         En las memorias de periodistas y escritores antepasados no es difícil encontrar informe o sugerencia de quienes vivían sostenidos por una subvención política. Pío Baroja, por ejemplo, menciona a varios contemporáneos con ironía y con intención en “Desde la última vuelta del camino”. A veces era picaresca, en ocasiones era un modo de subsistencia cuando la literatura o el periodismo conducían a la penuria, y siempre era un fraude a los lectores porque lo que salía de las plumas socorridas no era lo que quería el apadrinado sino el padrino. Pero cometeríamos un error si imagináramos que el inicuo “fondo de reptiles” se extinguió un día para no volver. Ahora tenemos relación bien documentada de cómo se difunden, hoy, noticias compradas bajo mano y hasta entrevistas pagadas por la propia persona entrevistada.

Desde hace algún tiempo, se venía hablando de la publicación de textos aparentemente periodísticos pero retribuidos por el Gobierno vasco en medios del Grupo Noticias, afín al PNV. Tal asunto es difícil de demostrar porque el objetivo del acuerdo es colar como noticia lo que resulta ser publicidad o propaganda, y ni el dador ni el receptor van a estar dispuestos a confesar su fechoría. Pero gracias a las gestiones de Gorka Maneiro, parlamentario autonómico de UPyD, se conoció en junio pasado que el diario Deia incluyó un año antes en sus páginas una entrevista a doble página con Izaskun Urien, directora del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (OSALAN), por la que este organismo abonó al periódico 3.500 € más IVA.

La revelación parlamentaria ocupó la atención de la prensa autonómica (un ejemplo) pero le costó traspasar las lindes hacia el ámbito nacional. Ahora, el asunto ha tomado vuelo y ha conducido a la magistrada María Eneida Arbaizar, titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Vitoria, a imputar en auto de octubre pasado (ver noticia), al director de comunicación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Bernardo, por tres presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación de las administraciones. La magistrada responde así a una denuncia presentada por Maneiro contra Bernardo y también contra la entrevistada.

La denuncia de Maneiro, verdadero conseguidor de que este sofocante asunto salga a la luz, contiene un relato pormenorizado de los acuerdos entre el Gobierno vasco y el Grupo Noticias para la inserción de textos publicitarios y propagandísticos con la apariencia de noticias y reportajes, un tocomocho periodístico de primera magnitud. La denuncia insiste en la viciosa práctica de pagar por lo que no tiene precio y por eso reprocha a los denunciados el haber malversado dinero público, cosa en la que, a la vista de los hechos contenidos en el escrito elevado al juzgado (ver noticia), es difícil negarle la razón.

Pero con ser graves esos delitos, en esta operación de disimulo hay algo todavía peor: la estafa que se perpetra al público de los medios. El periodismo es un servicio a los ciudadanos que consiste, en esencia, en proporcionarles información veraz y en disponer las plataformas para análisis interpretativos y opiniones plurales. Nadie obliga a nadie a desempeñar esa función, pero los que se dedican a ella deben cumplir las condiciones mínimas que exige el derecho a la información de todos los ciudadanos, a quienes corresponde la función de exigir información veraz de todos los temas relevantes. La verdad es un deber de los informadores y las empresas periodísticas que, para ello, están obligados a diferenciar las piezas periodísticas de la publicidad y la propaganda. O sea, están obligados a cumplir esa norma básica de comportamiento que consiste en no dar gato por liebre.

El denunciado por el diputado e investigado por la jueza puede haber cometido prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación de las administraciones. Se verá en su momento, cuando falle la Justicia. Pero ya podemos asegurar que la operación es un gran fraude a los ciudadanos desde las instancias de la información profesional, donde no se puede pasar factura al informado ni negociar por precio los términos de una información, todo ello a escondidas de los receptores, a quienes se les engaña lastimosamente. Veremos si la juez ve infracciones penales, pero de entrada se puede decir que estamos ante un claro delito social.