La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Juez metido a político

Examino por un lado y por otro los argumentos del juez Santiago Vidal para dedicarse a preparar una Constitución catalana (sic) y no acabo de encontrar uno que respalde la avenencia de ese trabajo, aunque sea en horas libres, con el de impartir justicia bajo la Constitución española a los mortales que le caigan en suerte. Tampoco hallo razones suficientes en los nueve magistrados del Consejo General del Poder Judicial que no ven irregularidades en su actuación constitucionalista” –o “anticonstitucionalista”, mejor dicho-. Y me parece que tiene bastante del oficio de templar gaitas la decisión final del órgano de gobierno de los jueces de suspenderle en sus funciones por tres años en vez de expulsarle de la Judicatura, que era la sanción que se barajó en un inicio.

Pero lo que me parece más fuera de contexto es que el juez Vidal defienda su trabajo de redactor de la Constitución del futuro país independiente de Cataluña, es un decir, aduciendo su “derecho de opinión”. O sea, que es un simple ejercicio de libertad de expresión que un funcionario del Estado que tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes se ocupe en elaborar un texto de una futura ley que rompería el Estado al que tiene el deber de servir –en su caso, además profesionalmente- y que le paga un sueldo. Aquí cabe introducir el asunto de las fronteras de la libertad de expresión para quien tiene la obligación de guardar neutralidad política (ese es el espíritu del artículo 127 de la Constitución que pretende abatir) y todas las demás neutralidades a que le obliga su función de impartir justicia. Más que un caso de opinión o de expresión lo es de neutralidad, una línea roja, pues su quebranto es algo de lo peor que le puede pasar a un juez.

El propio CGPJ así lo entendió con el peso de la mayoría de 12 magistrados frente a los nueve que no ven, y yo no me explico como digo antes, falta en su compañero Vidal. La noticia de El Mundo sobre el fallo del Consejo explicaba bien las razones, apoyadas en el hecho de que “Vidal ignoró de forma inexcusable el deber básico de fidelidad a la Constitución”. Eran éstas: “Aunque la redacción de un documento sobre los principios constitucionales de un eventual Estado catalán pudiera considerarse un trabajo científico o literario, esto queda descartado en el caso de Santiago Vidal. Primero, porque su finalidad no es científica, sino que lo que pretende es sentar las bases jurídicas de un proceso de secesión. Segundo, porque lo hace en sintonía con organizaciones independentistas alineadas políticamente y con las que participa en 120 actos públicos. Y tercero, porque se presenta en su condición de magistrado”.

Queda, pues, en evidencia que la elaboración de un texto que rompería la Constitución vigente, la ley fundamental que un juez ha jurado defender, rompe desde el principio la neutralidad política personal a que está obligado. Poco después de que se le comunicara la sanción que lo suspende por tres años, y tras contestarla con argumentaciones políticas, el juez sancionado anunció que baraja presentarse a las elecciones con uno de los grupos que le ha ofrecido esa opción, Convergencia y Unión y Esquerra Republicana. Y la Asamblea Nacional Catalana, organismo político creado para luchar a favor de la independencia de Cataluña, convocó una concentración, a la que asistieron 500 personas, para defender al juez de lo que llamaron una “dictadura judicial” . Estas reacciones acentúan el aspecto político del compromiso que había adquirido Santiago Vidal, cuya libertad de opinión no está en entredicho sino su dedicación a la carrera judicial con las exigencias profesionales debidas.