La Libertad más frágil

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- Justino Sinova -

En Gürtel no hubo “cámara oculta”

La Audiencia Nacional descarta que José Luis Peñas Domingo  lesionara el derecho al secreto de las comunicaciones de las personas cuyas conversaciones grabó subrepticiamente, lo que luego le sirvió para denunciar a quienes fueron implicados en el denominado “caso Gürtel”. Para llegar a esa concusión, distingue su acción de la llamada “cámara oculta”, recurso utilizado periodísticamente en ocasiones y que ha sido condenado de forma tajante por el Tribunal Constitucional.

En el auto por el que rechaza los recursos interpuestos por Francisco Correa, Antoine Sánchez y Pablo Crespo (a los que se sumaron entre otros Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda y Alberto López Viejo), la Audiencia (Sala de lo Penal, sección 4ª) reproduce amplia jurisprudencia de los tribunales Constitucional y Supremo contra la práctica ilegal de grabaciones, lo que le lleva a sostener que el denunciante, ex concejal del PP en Majadahonda, actuó correctamente, al contrario de quienes usan la “cámara oculta”.

Camara-oculta

El razonamiento de la Audiencia Nacional, acogiéndose a la citada jurisprudencia, se concreta en sostener, por un lado, que no es lo mismo grabar una conversación “de otros” que una conversación “con otros”, que es lo que hizo Peñas, y, por otro lado, que lo que está constitucionalmente prohibido es el método de la “cámara oculta” (que aquí sería “grabador o micrófono oculto”), en el que el periodista no se identifica como tal “sino que adopta una personalidad ficticia, grabando una conversación con su interlocutor mantenida en condiciones de fingida confianza”.

La Audiencia expone con amplitud los argumentos de las sentencias del Tribunal Constitucional contra la “cámara oculta” (cuatro dictadas en 2012: la nº 12 de 30 de enero, la 17 de 13 de febrero, la 24 de 27 de febrero y la 74 de 16 de abril), de tal manera que su auto parece en ocasiones más interesado en desacreditar este método, pero lo hace para resaltar la conformidad con el procedimiento empleado por el denunciante. Para salvar su actuación, manifiesta que no se observa que en las grabaciones que efectuó “fingiera ser otra persona, o se incitara al contertulio a decir lo que no quería expresar, o que éste exteriorizara aspectos de su vida íntima sujetos a especial protección”.

Hay, sin embargo, en la jurisprudencia que la Audiencia reproduce, un aspecto que puede suscitar dudas. Se trata de la defensa como comunicación posible de todo aquello que una persona conozca en una conversación, incluso de la práctica de facilitar a otros la escucha de una conversación telefónica mediante un “aparato amplificador de la voz”, lo que no viola el secreto de las comunicaciones, reconocido en el art. 18.3 de la Constitución. Quien graba una conversación de otros sí atenta contra el derecho al secreto de las comunicaciones, mientras que “quien graba una conversación con otro”, y la usa, no incurre en ilegalidad. Especialmente, cuando se trata de la obligación de denunciar que impone el artículo 259 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, de acuerdo con la sentencia del Supremo 239/2010, de 24 de marzo, que la Audiencia suscribe.

Cabría preguntarse qué alcance tiene la confianza de quien habla en que su interlocutor haga un uso reservado de sus afirmaciones o la petición de secreto que pudiera formularle. Escasa, según la misma sentencia del Supremo, a la que pertenece este argumento: “Cuando una persona emite voluntariamente una opinión o secreto a un contertulio sabe de antemano que se despoja de sus intimidades y se las trasmite, más o menos confiadamente, a los que le escuchan, los cuales podrán usar su contenido sin incurrir en ningún reproche jurídico”.

La licitud de la difusión del contenido de una conversación afecta al trabajo del periodista, de modo que todo lo manifestado en su presencia, sin que medien los subterfugios de la “cámara oculta”, forma parte del contenido de su oficio, se entiende que si no existe pacto previo de confidencialidad. Tan ilegítimo es que el periodista se guarde información relevante, por las razones que sean que ahora no hacen al caso, como que sus comunicantes reputen ilícita la comunicación de sus palabras. Pero insisto: ¿no tendrá relevancia jurídica alguna la confianza del interlocutor en la discreción de quien le escucha o la mediación de una petición de reserva sobre lo escuchado? El pacto de confidencialidad cuenta en la relación del periodista con sus fuentes, en especial cuando ambos quieren o necesitan ocultar su identidad (objeto del secreto profesional). ¿Pero qué alcance tiene en otras ocasiones?

De la contundencia del auto cabe deducir que el espaldarazo dado a las acciones de Peña no será enmendado por el Constitucional ni por el Supremo cuando resuelvan los recursos que han presentado ante ellos los encausados en Gürtel; no en vano la Audiencia se apoya decisivamente en sus argumentos. Tampoco cabe esperar una rectificación de la condena de la “cámara oculta”. Pero sería deseable un pronunciamiento más claro sobre la ruptura de un secreto personal. Posiblemente, la primera consecuencia pertenezca al campo de la ética. ¿Sin derivaciones hacia la esfera jurídica?