EL CERCO JUDICIAL A EL NACIONAL, LA PATILLA Y TAL CUAL

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La medida de prohibición de salida del país dictada por un juez contra veintidós directivos de tres de los más importantes medios de comunicación de Venezuela ha vuelto a encender las alarmas en el continente sobre la persistente caída de las garantías para la libertad de expresión en este país suramericano.

Esta ha sido la más reciente incidencia judicial provocada por la airada reacción del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien inició acciones legales luego que El Nacional, La Patilla y Tal Cual reprodujeran las informaciones del diario ABC, de España, y Nuevo Herald, de Miami, acerca de la investigación que realiza Estados Unidos sobre las  presuntas vinculaciones del jefe del parlamento y segundo de abordo en el gobierno de Nicolás Maduro con actividades del narcotráfico desarrolladas por el llamado Cartel de Los Soles.

El Nacional ha sido a lo largo de sus 71 años uno de los periódicos más prestigiosos de América Latina; wwww.LaPatilla.com es el medio digital más importante del país con casi 5 millones de seguidores en twitter, y Tal Cual es todo un emblema de la lucha por la defensa de los valores democráticos. Sus directores, Miguel Henrique Otero, Alberto Federico Ravell y el recientemente galardonado con el premio Ortega y Gasset que otorga el diario El País, Teodoro Petkoff, respectivamente, están entre las veintidós personas a quienes se les ha prohibido salir del país y han quedado sometidos a un régimen de presentación semanal. Esta es una medida que, hasta donde se recuerde, no tiene precedentes en la región.

Uno de los primeros en reaccionar desde el exterior ha sido el ex presidente colombiano y ex Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cesar Gaviria, quien afirmó que la decisión judicial “constituye un grave atentado sobre la libertad de prensa y de expresión, componente fundamental de la democracia y de la Carta Democrática Interamericana”.

Uno de los juristas más reputados de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, señala que “la acusación contra directivos de El Nacional, La Patilla y Tal Cual es un golpe mortal contra la libertad de expresión y los principios del derecho penal consagrado en la Constitución y en leyes penales”. Considera que “hemos regresado a la etapa más oscurantista de la persecución penal, en la cual ni siquiera se castiga por sospechas o falsas acusaciones, sino por la atribución arbitraria de un hecho con el cual no se tiene relación alguna. Se trata de la arbitrariedad hecha ley”.

En realidad, la información sobre la vinculación de Cabello con el Cartel de los Soles, no es sino una más en la sucesión de recientes escándalos por hechos de corrupción que han estremecido a la llamada “revolución bolivariana” y que vinculan a personeros y ex funcionarios de los gobiernos de Chávez y Maduro con casos como las cuentas multimillonarias en bancos de Suiza, de Alejandro Andrade, ex Tesorero Nacional; los casos de lavado de dinero en los bancos de Andorra y Madrid, la desaparición de 25 mil millones de dólares denunciada por el ex ministro Jorge Giordani e incluso hace un año atrás hasta una de las hijas del fallecido presidente Hugo Chávez fue señalada de su participación en la importación con sobreprecio de arroz argentino.

La instauración definitiva de la anunciada “hegemonía comunicacional”, que incluye en sus mecanismos todo acto de persecución e intimidación a medios y periodistas, como el que nos ocupa, parece ser la fórmula a la que se aferra el gobierno de Maduro y Cabello, acorralado por la vertiginosa pérdida de popularidad dada la profundización de la crisis económica y su repercusión en la carencia de alimentos, medicinas y otros tipos de bienes para los venezolanos, sometidos a permanecer durante varias horas en las colas para poder acceder a algunos productos de primera necesidad. Un gobierno y un modelo económico colapsados.

Gregorio Salazar

Directivo de Expresión Libre

Ex-Secretario Generaldel Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa