La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

Derecho a la ofensa, derecho al insulto

pixabayUno de los asuntos más delicados acerca de la libertad de expresión es el de los límites que la afectan. La principal dificultad radica no en su existencia -que es inexorable, como la de los que afectan a cualquier libertad y a cualquier derecho- sino en su identidad y en su inestabilidad. El derecho al honor o el derecho a la intimidad, por ejemplo, ejercen como límites a la libertad de expresión pero no de forma invariable, porque unas veces prevalecen frente a ella y otras veces decaen: es el permanente juego de los motivos que asistan a unos y a otra, y que provocan la necesidad de ponderación en cada caso.

Aquí en España ha quedado establecido que el insulto es un límite inapelable a la libertad de expresión, lo que el Tribunal Constitucional enuncia desde el año 1990 con una fórmula inequívoca: no existe un pretendido derecho al insulto. Lo razona así: “No cabe duda de que la emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se realice, supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al prestigio de las instituciones, teniendo en cuenta que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible con la dignidad de la persona que se proclama en el art. 10.1 del texto fundamental” (Sentencia 105/1990, de 6 de junio de 1990).

Recordaba yo esta puntualización constitucional, muy reiterada desde entonces, al leer en la edición de El País del domingo 13 de diciembre un sugestivo artículo de Flemming Rose, jefe de internacional de Jyllands-Posten, titulado intencionadamente El derecho a la ofensa.  Rose tiene sobrada experiencia en los ocasionales riesgos del ejercicio de la libertad de expresión, pues no en vano era responsable de la sección de cultura cuando el diario danés publicó las caricaturas de Mahoma que desencadenaron las protestas musulmanas. Su artículo es muy interesante, y no dudo en recomendar su lectura (ver enlace), aunque merezca alguna matización.

El problema estriba en la disparidad, no siempre evidente para todos, entre ofensa e insulto. La diferencia no está clara ni siquiera para la RAE, cuyo diccionario no contribuye mucho a precisar ambos conceptos: insultar –dice- es “ofender provocando e irritando con palabras o acciones” y ofender es “humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos”. Podríamos concretar, siguiendo también a nuestro Constitucional, que el insulto es una agresión contra alguien mientras que la ofensa es un perjuicio que alguien siente por una discrepancia sobre sus opiniones o sus creencias.

Es evidente que la opinión libremente expresada suele causar un perjuicio a quien no participa de ella: la persona criticada, por supuesto, y todas aquellas que ven reprobadas o desacreditadas públicamente sus propias ideas. Una ofensa, en estos términos, es algo que el receptor de las críticas debe soportar. Esto lo expresa Flemming Rose diciendo que “el único derecho que no deberíamos tener en una democracia es el derecho a no ser ofendidos”. En su literalidad, la afirmación es correcta aunque pueda parecer provocadora, pero no lo sería si con el término ofensa se quisiera abarcar también el concepto de insulto.

El insulto nadie en principio (salvo razones muy especiales que excepcionalmente podrían exculparlo) está obligado a padecerlo. El axioma constitucional de que no existe un “derecho al insulto” participa también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que además repudia el odio basado en la intolerancia. En una sentencia de 16 de julio de 2009, el TEDH establecía que “la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. De ello resulta que, en principio, se puede considerar necesario, en las sociedades democráticas, sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia”. El insulto es la puerta de entrada del odio, y éste conduce a veces a la violencia.  Y, como dice Rose, y en eso estoy plenamente de acuerdo con él, “la restricción clave de la libertad de expresión que necesitamos es la incitación a la violencia”.

En resumen, el disgusto, el malestar, la ofensa que alguien pueda sentir por una opinión ajena son consecuencias lógicas y previsibles, y deben ser soportadas, pero el insulto -como la incitación a la violencia- es una agresión injusta, y así como no existe un derecho al insulto –ni un derecho a incitar a la violencia- tampoco existe un deber correspondiente de soportarlo.

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Junto al artículo de Flemming Rose, El País reproduce un mapa con el índice de libertad de expresión de los diferentes países del mundo realizado por el Pew Research Center (ver enlace), en el que España queda señalada con una valoración de 5,62 sobre 8. Esta calificación es similar a la que ha venido ofreciendo en años anteriores esta Fundación Ciudadanía y Valores sobre el estado de la libertad de expresión en España. En breve, Funciva publicará la “nota” que le han asignado los autores de su último informe.