La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

Demasiado tiempo para reparar unas ofensas

pixabayCuatro años y medio han pasado desde la emisión televisiva de unas ofensas hasta que el Tribunal Supremo haya condenado a los autores, cuatro años y medio que la persona vejada ha tenido que esperar a que la justicia la defendiera del agravio recibido. Y aún así, no ha terminado la historia porque si los agraviadores recurren al Tribunal Constitucional, habrán de pasar aún dos o tres años más hasta que su dictamen ponga fin a un trámite cuya tardanza lo transforma en una solución insuficiente: los condenados tendrán que pagar por sus ofensas, sí, pero la víctima no será socialmente compensada por unos ultrajes que recibió sin que la justicia acudiera en el momento en su defensa. Si al menos hubiera respondido en dos o tres meses…

Soy consciente de que es improcedente pedir una actuación casi inmediata de la justicia, cuyo funcionamiento incluye los recursos de los condenados y la necesidad de estudiar y razonar todas las circunstancias de cada caso. Pero siete u ocho años para concluir si una persona ha sido públicamente ultrajada es tiempo suficiente como para desanimar a cualquiera y para desaconsejar en estos supuestos acudir a la justicia como instancia de protección personal. Y todavía hay procedimientos que se alargan algunos años más.

Esto viene a cuento porque la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de sancionar a tres participantes en los espacios Sálvame y Sálvame Deluxe de Telecinco – Mila Ximénez, Belén Esteban y Kiko Matamoros– a pagar una indemnización de 120.000 euros a Carmen Lomana (a razón de 60.000 la primera y 30.000 cada uno de los otros dos condenados) por los graves insultos y descalificaciones que profirieron contra ella en tres emisiones televisivas los días 8, 12 y 22 de abril de 2011. El Tribunal confirma la condena pronunciada por un tribunal de Primera Instancia de Madrid (en julio de 2012) y ratificada por la Audiencia Provincial (en julio de 2013), por una intromisión ilegítima en el honor de la demandante.

El fondo del asunto es sencillo por reiterado. La sentencia del Supremo (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/Condenados-tres-colaboradores-de-Salvame-a-indemnizar-a-Carmen-Lomana-por-insultarla-gravemente-en-el-programa) reproduce la retahíla de graves insultos y expresiones despectivas que emitieron los condenados («falsa», «sinvergüenza», «amargada», «hortera», «cobarde» ,«te vas a cagar», «payasa», «imbécil», «estafadora», «torpe», «hija de…»,«tonta», «cateta», «pagas a los novios que te echas», «chupas el culo para que te inviten a fiestas», «vete a la mierda», «tienes tan poca clase», «de padre cerdos, hijos marranos», «pueblerina», «analfabeta», «buscavidas», «tonta del culo», «busca camas altas», «cerda») y advierte de que la libertad de expresión, derecho aducido por los demandados para justificar sus agresiones, no prevalece en este caso frente al derecho al honor de la ofendida.

Para sostener la prevalencia del derecho al honor aquí, el Supremo recuerda la doctrina contenida en su jurisprudencia y en la del Constitucional, según la cual “ninguna idea u opinión puede manifestarse mediante frases y expresiones ultrajantes u ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, innecesarias a tales propósitos. Es decir, aunque la libertad de expresión tenga un ámbito de acción muy amplio, amparando incluso la crítica más molesta, hiriente o desabrida, en su comunicación o exteriorización no es posible sobrepasar la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado pues, de ser así, debe prevalecer la protección del derecho al honor”. Y “así es como debe entenderse –concluye el Supremo- la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional de que la Constitución «no reconoce un pretendido derecho al insulto»”.

Los términos del problema están bien claros: la crítica merece protección (y de ahí la general preponderancia del derecho a la libertad de expresión) pero ese amparo no es una carta blanca a la injuria y la denigración desproporcionadas, al insulto en general, que encuentra su límite en el derecho al honor de la persona. Lo que falla, y no en el sentido judicial precisamente, es que la protección efectiva de los derechos de la persona agredida tarde tanto tiempo en llegar por la lentitud enojosa del funcionamiento de la justicia.