La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG:No será la única televisión que cierre

 

La clausura de la televisión autonómica valenciana, decidida por quien la fundó, la Generalitat, nos ha permitido contemplar un espectáculo insuperable de hipocresía: quienes hasta hace poco pedían su liquidación, por ser una fuente de despilfarro y una correa de transmisión del partido en el poder, han ocupado las primeras filas de la protesta plañidera. ¡Y hasta van a recurrir al Tribunal Constitucional contra quienes han hecho lo que les apremiaban! También nos ha ofrecido la sorpresa de noticiarios televisivos que anteponían la reacción al cierre como primera información del día. Pero esto es la espuma que impide entender la realidad.

La realidad es que la TVV es una televisión imposible, sobredimensionada por decisiones políticas tomadas alegremente desde 1989 y que ha venido exigiendo a los contribuyentes una aportación desmedida. Es tan imposible como lo son otras televisiones autonómicas agarradas a un erario público que está obligado a ocuparse de servicios esenciales para los ciudadanos y no de políticas propagandísticas emitidas con lujos de color. Lo  realmente noticioso de este caso es que hay un Gobierno que se atreve a cerrar “su” televisión y que señala el camino a seguir a otros Gobierno regionales para evitar derroches y gastar el dinero de todos con sensatez.

Quizá el ruido político creado en torno a esta decisión pionera ha impedido a muchos conocer sus causas, que son palmarias: el ente RTVV decidió reducir su nómina para encontrar viabilidad y procedió a un ERE que, en números redondos, afectaba a 1.000 de sus 1.700 empleados. Era una medida para luchar contra una deuda acumulada de casi 1.200 millones de euros a la que no podía hacer frente. Pero el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha atendido el recurso de los sindicatos y ha obligado a readmitir a los despedidos. Ante ello y la necesidad de otras nuevas aportaciones económicas, el Gobierno de la Generalitat valenciana acordó el cierre.

No hay en este caso un atentado a la libertad de expresión. Estoy de acuerdo en que el cierre de un medio de comunicación afecta a las posibilidades de ejercicio del derecho a la información y a ese valor que es el pluralismo. Pero también hay que admitir que un medio no puede ser un pozo sin fondo que requiera aportaciones constantes del erario público porque no genere ingresos publicitarios que lo haga sostenible. Muchísimos medios privados pelean para obtener en la competencia del mercado sus recursos económicos y cuando no lo consiguen se ven obligados a cerrar. Por cierto, sin las alharacas mediáticas y políticas que esta vez se han levantado.

Lo que hay en el bosque de televisiones autonómicas que cubre España es sobre todo un derroche de dinero público. Desde que empezó la crisis, las autonomías han gastado la astronómica cifra de 6.800 millones de euros en sus televisiones (). Hagan la multiplicación a pesetas y comprueben la recua de ceros que resulta y que apabulla. Son más de 1000 millones al año, cuando en cada rincón de España hay que ahorrar en sanidad, en educación, en gastos municipales, en todo lo que ustedes saben. La televisión de Cataluña recibirá en 2014 más de 200 millones recaudados en impuestos, la de Andalucía y la del País vasco, más de 100 cada una, la de Galicia casi 100…

Y a este problema económico insostenible se suma el conflicto del uso de estos medios como vehículos gubernamentales. La teoría del medio público proclama su independencia, pero la práctica demuestra que, en mayor o en menor grado, sigue la senda del Gobierno de turno. Ejemplos hay de televisiones públicas frías, pero ahí tenemos el perfecto ejemplo político de la televisión catalana, convertida en altavoz impulsor de la deriva secesionista como si se tratara de un negociado más del proyecto fraguado por Artur Mas. Porque la independencia de un medio público no depende tanto de los esfuerzos profesionales como de las codicias políticas.

En junio, el Gobierno griego cerró la televisión pública. Fue un golpe súbito que también tuvo fuerte oposición pero que parece haber sido asimilado ya, salvo por los empleados, que reclaman, como es lógico, sus puestos de trabajo. Yo predije, ustedes perdonen, que era un antecedente. Y tiene su importancia que el presidente madrileño, Ignacio González, anunciara hace tiempo que cerraría Telemadrid si los tribunales tumbaran el ERE, justamente lo que han hecho en Valencia. Algún día, Alberto Fabra, presidente de la Generalitat valenciana, revelará si estos ejemplos le dieron ánimos y le despejaron dudas. Yo creo que sí. Y además la clausura de la RTVV también dejará huella. No será la única que cierre.

Antes de llegar a esa última solución las Comunidades Autónomas que no quieran seguir cargando a sus ciudadanos con gastos desproporcionados podrán aprovechar la facilidad suministrada por el Gobierno con la reforma de la ley General de la Comunicación Audiovisual, en vigor desde agosto del año pasado (), que les permite trasferir en todo o en parte sus televisiones. Hasta ahora, ninguna Comunidad ha iniciado el procedimiento de una venta (en algún caso porque no es el mejor momento para una privatización en precio), pero es una oportunidad que puede resolver los agudos problemas de financiación antes de concluir en cierre. Estemos atentos a la pantalla, nunca mejor dicho, porque el futuro de la televisión pública no está escrito.