La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Una expropiación autoritaria

La Generalitat ha redondeado su gestión de desatinos con una imposición a televisiones y radios para sumarlas a la campaña en favor de su consulta chapuza del próximo domingo. Más que un desbarajuste dictado por su confusión sobre lo que es la democracia y las reglas que impone, la orden dada por Artur Mas a los medios es un tic autoritario propio de un gobernante ajeno a las reglas de la democracia.

El presidente de la Generalitat se apoya en un artículo de la ley autonómica Audiovisual de Cataluña, el 82.1, que obliga a los prestatarios de servicios de comunicación audiovisual, o sea a los concesionarios de televisiones y radios que aún se consideran insertas en un servicio público que debe tutelar la Administración, a difundir gratuitamente los comunicados y declaraciones que el Gobierno “estime convenientes por causas justificadas de interés público”. Este artículo es común a la legislación sobre los medios que dependen de un permiso administrativo, pero está pensado para casos de urgencia o necesidad pública, no para inventos políticos.

La deriva secesionista ha provocado problemas constantes y está a punto de desembocar el día 9 en una parodia de votación que esperemos que el Estado evite, no solo para que se imponga la ley, norma fundamental en la democracia, sino para que se impida un ridículo fabuloso. Pero hasta ahora, los daños causados ya son inevitables: la actividad obsesiva de la Generalitat ha distraídos a sus cargos del principal deber de ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos que viven en Cataluña, ha dividido e irritado a la sociedad catalana hasta niveles insospechados, ha intranquilizado severamente a la sociedad española en su conjunto y ha lesionado la imagen y el crédito de España en el exterior.

Ante esas lesiones, las causadas a los medios de comunicación ocupan un segundo plano de importancia, pero retratan el talante de sus autores. Ya se ha informado en diversas ocasiones sobre la subordinación de la televisión autonómica a los dictados políticos de la Generalitat y especialmente a su obsesión rupturista con España, ya se han difundido noticias varias sobre subvenciones políticas a medios con la finalidad de encontrar una adhesión. Ahora, la imposición del mensaje a favor de la operación secesionista a los medios se añade a la panoplia de armas políticas concebidas para su sometimiento.

A ningún medio de comunicación regularmente sensato se le va a ocurrir descartar mensajes que avisen a la sociedad de urgencias, peligros o necesidades. Ni siquiera sería precisa una ley para tales casos. Pero ya que la hay, lo que se debe esperar de los gobernantes es que la usen con sensatez y para las finalidades previstas. Obligar a los medios a sumarse al arrebato independentista, que no es una causa de “interés público” sino un objetivo político de un sector, equivale a una expropiación autoritaria de una parte de su espacio. Y eso, a fin de cuentas, es un golpe al derecho a la información de todos.