La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Un caso de control político

Espero no tener que pedir disculpas por la osadía de discrepar del dictamen de oficio que medios de comunicación y políticos catalanes han emitido sobre el reportaje de Telemadrid que ponderaba el uso de un lenguaje elusivo de la realidad. La libertad de expresión protege a los profesionales de la televisión madrileña, a quienes los critican y a los observadores, como es mi caso, que pueden ver aciertos o desaciertos en unos y otros. Lo que no protege la libertad de expresión es el propósito de imponer silencio, o sea, el uso de tal libertad para lograr que otros callen o digan lo que se les mande, lo que, a fin de cuentas, comporta robarles esa libertad.

El objeto de la cuestión es un breve reportaje de 2’ 44’’ emitido en el programa Zoom Telemadrid el 29 de abril, que puede verse en su web , sobre la perversión del lenguaje que algunos políticos realizan para evitar llamar a las cosas por su nombre y así desviar la atención y la opinión de los ciudadanos. El relato aludía a usos de nacionalistas catalanes (Artur Mas) y vascos (Juan José Ibarretxe) para disfrazar sus planes rupturistas con términos más blandos, como consulta o derecho a decidir. Se refería también a ETA, cuyas máscaras terminológicas han pasado a ser de uso común, como “impuesto revolucionario” (chantaje) o “aparato militar” (grupo de asesinos). Abría el informe una referencia al estalinismo, que decía que creó esta práctica, y al nazismo, que la perfeccionó.

La reacción inmediata se basó en subrayar la “equiparación” entre nazismo y nacionalismo, como expresaba La Vanguardia – que titulaba “Telemadrid compara el nazismo con el nacionalismo para denunciar la imposición y perversión del lenguaje”- y en tachar el reportaje como ataque a Cataluña: “Una vez más –se podía leer en ese diario- el nazismo, el régimen y la dictadura vuelve a ser argumento para arremeter contra Catalunya y el president de la Generalitat, Artur Mas”. Fiel a esa versión, el consejero de Interior, Ramon Espadaler se escandalizaba: “¡Madre de Dios! Es denunciable, es inmoral. Ultrapasa los límites”. Y el republicano Alfred Bosch acusaba a Telemadrid de encender “el fuego de la confrontación”.

Y, sin embargo, el reportaje de Telemadrid estaba bien trazado. No arrancaba correctamente, pues la simulación como arte de la política no empezó con el estalinismo ni con el fascismo sino que está en los orígenes de la historia. La palabra es la base de la gestión política –Azaña decía que “la palabra crea, dirige y gobierna”- y puede ser usada para ofrecer la verdad o para dominar con la mentira. El ejercicio del poder se ayuda de la persuasión, que no equivale siempre a falsedad pero que puede tergiversar la realidad de las cosas. Esto lo saben todos los que miran con un poco de atención la política. Es sorprendente que unos políticos se escandalicen porque un medio de comunicación lo ponga de relieve.

La vida política está plagada de simulacros: el anterior Gobierno llamó “proceso de paz” a su negociación con la banda terrorista ETA, los despidos de trabajadores se denominan “ajustes de plantilla”, el retroceso económico se disimula como “crecimiento negativo”, ahora los acosos y los insultos a políticos se ocultan bajo la palabra importada “escrache” y se reputan “no violentos”… En la Generalitat, las ficciones se acumulan: desde nominar “normalización lingüística” a lo que es imposición de la lengua catalana en detrimento del castellano hasta bautizar como “embajadas” a oficinas en el extranjero cuando la Comunidad Autónoma carece de competencias en política exterior…

Se irritan porque se hable de estas cosas y vuelven a recurrir al victimismo: no es información, es ataque a Cataluña. Y, además activan el CAC para que juzgue a Telemadrid, lo cual sí es una provocación en toda regla. El CAC, Consejo Audiovisual de Cataluña, es un órgano de control de la comunicación en las provincias catalanas que ha sido ampliamente rechazado por la profesión periodística. La FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa) ya advirtió en 2005 que los “poderes sancionadores” que la ley audiovisual de Cataluña otorga al CAC son una “clara restricción” al ejercicio de las libertades de expresión y de información y significan “un retroceso peligroso en los derechos de los ciudadanos”.

Pues bien, el CAC va a intervenir, a pesar de que no tiene competencias fuera de Cataluña, y va a realizar un informe sobre el reportaje de Telemadrid. Ya pueden suponer ustedes cuál va a ser el veredicto de este órgano de control político. Por si tienen alguna duda, sepan que su presidente, un político llamado Roger Loppacher, lo ha calificado de “absolutamente inapropiado”. Sin embargo, lo absolutamente inapropiado es que una entidad política juzgue y sanciones una comunicación. Si ha habido una irregularidad que lesiona la ley, que intervenga la justicia. Porque el control administrativo o gubernamental es lo que anula la libertad. La Constitución de 1978 acabó con las competencias administrativas para disciplinar la información, pero poco a poco van reponiéndose en determinados ámbitos en detrimento de la libertad de todos.

El reportaje que nos ocupa, como cualquier otra pieza informativa o de opinión, puede incluir contenidos erróneos, discutibles o inadecuados. Pero eso no legitima el control político. Quien se sienta ofendido, que replique –y que se atienda su réplica- o denuncie, y que digan los tribunales lo que tengan que decir. Y, mientras tanto, que los políticos cumplan con su obligación de proteger las libertades de todos en vez de afanarse en limitarlas caprichosamente.