BLOG: Un argumento asombroso

Cuenta Manuel Azaña en sus diarios cómo, siendo ya ministro de la Guerra, aprovechaba las ocasiones que se le presentaban para caminar con amigos y colegas por las calles de Madrid. “Paseamos por la Castellana y nos sentamos en un café de Recoletos”, escribe, por ejemplo, el 5 de julio de 1931. Ya empezaba a echar de menos “el incógnito”, pero durante mucho tiempo salía por la calle y frecuentó El Escorial, adonde muchas tardes se trasladaba para solazarse con el aire de la sierra junto a los muros del monasterio. Los políticos sacaban provecho de que la gente no conociera bien sus rasgos físicos y podían así pasar inadvertidos en la calle.

Hoy la calle le está vedada al político. No vemos ya pasear a un ministro, ni siquiera a un diputado que no sea del montón. Los medios, en especial la televisión, los ha hecho familiares. También futbolistas, cantantes y determinados cineastas -o ese espécimen tan frecuente de personaje que es conocido por el simple hecho de frecuentar la caja tonta- han de guardarse de la persecución popular, que a veces gasta malas sorpresas. A los famosos no les dejan en paz sus fans y a los políticos los asedian los intolerantes: que se lo digan a esos dos dirigentes del PP insultados en la terraza de un bar durante la convención que su partido celebraba en Valladolid.

Pues bien, esto, que ocurre por el conocimiento que la gente tiene de quienes más aparecen en los medios, amenaza con empeorar para los políticos profesionales gracias a un auto de la Audiencia Provincial de Madrid que acaba de bendecir los llamados escraches, esa modalidad de concentración de gentes frente a un político que casi todos, incluidos los escrachadores, y salvo algunos jueces, hemos entendido como palmarios e indiscutibles acosos. A partir de ahora, si no rectifica la Justicia, será posible realizar una manifestación súbita ante el domicilio de cualquiera sin cumplir las normas reglamentarias. Y si el objeto del acoso está dentro, mejor.

El auto, que resuelve un recurso, alude a un defecto formal, la presentación fuera de plazo, que bastaría para rechazarlo, pero luego abunda en argumentos cuando menos sorprendentes a favor de los manifestantes del escrache realizado hace meses a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la puerta de su domicilio. Rechaza que en tal escrache se produjeran coacciones, que se restringiera su libertad de obrar, que se pretendiera quebrantar su voluntad política, y asegura que, aunque se produjo “perturbación del orden”, fue un “mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil”.

Todo ello a pesar de que no habían cumplido el requisito de comunicar la convocatoria de aquella reunión, como pide la ley, y de que los manifestantes, que protestaban contra los desahucios, gritaran frases, que reproduce el auto, como “Soraya, Soraya, quién te paga tu casa” y “no son suicidios, son asesinatos”. Y a pesar también de que en el domicilio se encontraban la madre de la vicepresidenta y su hijo, que tuvieron que sufrir las consecuencias de una concentración inesperada que iba dirigida contra la número dos del Gobierno y que rompió la normalidad de la actividad cotidiana de la familia.

  Repito aquí lo que escribí a raíz del auto del juez Marcelino Sexmero, que aceptó el escrache y ahora es avalado por la Audiencia: si se tratara de una defensa de la libertad de expresión, lo aplaudiría, pero me temo que está en juego el derecho a la intimidad personal y familiar de un político y también la normalidad en que debe desenvolverse la vida en sociedad, que no puede ser perturbada gratuitamente; por ello, la ley exige que las manifestaciones sean previamente comunicadas. Los medios se manifestaron entonces con rara unanimidad en contra de aquel auto. Y en esta ocasión también El Mundo, por ejemplo, ha rechazado el de la Audiencia ).

No entraré a comentar el cambio de opinión de la magistrada ponente del auto, que rechazó enérgicamente un episodio parecido contra la entonces ministra Bibiana Aído, de la que era asesora, y de lo que hay incluso un vídeo revelador en YouTube. Un caso clamoroso de pasión política. Solo manifestaré mi asombro por el argumento que consagra el acoso como una manifestación legítima de opinión. Manuel Azaña se escandalizaría por no poder estar seguro no ya en la calle sino ni siquiera en su casa. Creo que hace falta una rectificación diáfana. Y no me digan que el encorsetamiento normativo de la justicia lo impide. El Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de defender los derechos fundamentales.