La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Transparencia con el no de la izquierda

El jueves 28 se aprobó en el Congreso de los Diputados la primera ley de Transparencia de la democracia española, que en unos días va a cumplir 35 años, y sin embargo esa ley ha nacido afectada por dos sorprendentes anomalías: el silencio y el repudio. Estas dos anomalías son en realidad dos extravagancias que califican la vida pública española, afectada por la relevancia mediática que reciben personajes y episodios ínfimos, especialmente por una parte de las televisiones que invaden los espacios de la actualidad y arrinconan asuntos relevantes, y agitada por luchas políticas que tienen que ver más con egoísmos y miserias partidistas que con el interés general de la sociedad.

La aprobación definitiva de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,  obtuvo el viernes 29 en algunos medios espacios reducidos, en otros un hueco irrelevante y hubo incluso algunos que no le prestaron ni una línea. La ley se ocupa de unos de los asuntos que siempre han interesado a los medios: obliga a las instituciones públicas a ofrecer información de su actividad a los ciudadanos. Pero ese día muchos se interesaban más por las autoexculpaciones del anterior presidente de Gobierno, por elucubrar sobre el balón de oro, por el último tejemaneje de Berlusconi, por los insultos en un pleno del ayuntamiento de Madrid y por la cotidiana pelea conyugal de un famosillo.

Cabría entender las omisiones del último momento del parto si los medios se hubieran ocupado extraordinariamente de la ley desde que hace 14 meses empezara a rodar su proyecto, pero la realidad es que su gestación ha sido omitida por muchos. Va a tener razón Humphrey Bogart cuando, en el papel de director de periódico en “El cuarto poder” de Richard Brooks, defiende que los lectores quieren historietas, crucigramas, concursos, horóscopos, apuestas en las carreras, interpretación de los sueños y cosas así antes que noticias. Don Shelby ya advertía que “quienes gustan de las salchichas y quienes gustan del periodismo no deben ver cómo se hacen lo uno ni lo otro”.

El desprecio con que una parte de la llamada clase política ha distinguido a la ley ha sido también un espectáculo revelador. La ley fue aprobada con los votos a favor de PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro y recibió los votos en contra de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y los demás partidos del grupo mixto, a saber, ERC, Amaiur, BNG, Compromis y Geroa Bai. Esto quiere decir que hay ley de Transparencia en España por primera vez gracias al centro derecha (unidos en esta ocasión los nacionalistas al partido gobernante) y que si hubiera sido por el centro izquierda no habría existido por fin una ley necesaria, existente en la mayoría de los países europeos.

La oposición de la izquierda a esta norma tiene mucho que ver con la manía enfermiza que practica contra la derecha. Aquí es impensable un pacto como el que ha formalizado Angela Merkel con el SPD para gobernar porque el PSOE huye de conciliar con el PP. Cuando el PSOE perdió el poder hace dos años, dejó inconcluso en los cajones un anteproyecto de ley de Transparencia que la vicepresidenta del actual Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría recogió, arregló, pulió y amplió, pero el PSOE se negó a estudiarlo y hasta llegó a abandonar la ponencia parlamentaria con el argumento del “caso Bárcenas”. Parece que a su portavoz en el Congreso, José Enrique Serrano, el texto final, concluido sin su colaboración, no le desagrada, pero cumplió con la disciplina de oficiar el no de su partido.

A fin de cuentas, junto a la aversión al pacto con la derecha, lo que queda es que la izquierda no quiere ley de Transparencia. El PSOE se ha visto acompañado por Izquierda Unida y los partidos radicales del grupo mixto, incluido Amaiur, a los que ha terminado sumándose UPyD. Todo ello ha ocurrido a pesar de que el proyecto inicial ha ampliado su ámbito de aplicación y a los organismos de la administración obligados a ofrecer información ha sumado la Casa del Rey, los partidos políticos, los sindicatos y las entidades perceptoras de ayudas o subvenciones públicas. Una parte de la izquierda reaccionó con evidente disgusto a la inclusión de los sindicatos, que ya habían declarado su pretensión de librarse de la ley, lo que no han logrado.

La ley es un paso adelante para obligar a la administración y a instituciones públicas a rendir la información debida a los ciudadanos. Llena una laguna que hacía de España una excepción en Europa. Queda, sin embargo, tarea pendiente porque ofrece flancos mejorables. Junto a la inclusión de la Casa del Rey, caso insólito en las monarquías europeas, y todas las entidades que reciben ayuda pública, hay que subrayar que son muy numerosas las causas por las que la Administración puede negar información (queda excluida la que pueda perjudicar –concepto excesivamente vago- la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, los intereses económico…) y que se ha optado por el silencio administrativo negativo, con un plazo de tres meses, tras el cual el solicitante de información ha de entender que debe renunciar a ella. Empieza ahora una etapa de dos años hasta que la ley esté plenamente en vigor, aunque los artículos que tienen que ver con “el buen Gobierno” empezaran a regir de inmediato. Veremos si tienen pronto consecuencias.