La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Sin secreto profesional no hay información

El secreto profesional del periodista es una garantía esencial para la obtención y difusión de señaladas informaciones. Permite al periodista negarse a revelar la identidad de sus fuentes informativas, aspecto clave algunas veces para asegurar la posibilidad de obtener datos informativos. Nuestra Constitución, que lo reconoce junto con la cláusula de conciencia del periodista, lo que no hacen muchas otras Constituciones democráticas, lo concibe como un derecho y, aunque no se ha promulgado una ley orgánica que lo desarrolle, los jueces lo han venido aceptando desde entonces como una protección necesaria del trabajo del periodista y, en consecuencia, una defensa de la información, a la que tiene derecho el ciudadano.

El secreto profesional es también un deber del periodista, que ha de mantenerlo cuando ha hecho con sus fuentes informativas un pacto de confidencialidad, deber que no sólo consiste en el cumplimiento de un compromiso particular sino también en la tarea profesional de difundir información. Si el periodista descubriera la identidad de sus fuentes informativas que quieren permanecer en el anonimato -y desvelara otros aspectos de sus gestiones realizadas para obtener información: documentos manejados, viajes realizados, grabaciones…-, truncaría la posibilidad de seguir accediendo a información confidencial y traicionaría su compromiso de servicio al público. El secreto profesional, como herramienta de trabajo, se ha mostrado indispensable: muchas de las noticias sobre corrupción política, por ejemplo, serían imposibles.

Viene esto a cuento de la propuesta lanzada aparentemente de modo improvisado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para que se estudie la posibilidad de sancionar a los medios que difundan información que sea “objeto de investigaciones judiciales”. La idea ha sido generalmente rechazada, incluso por el partido del Gobierno, y retirada en seguida por el propio ministro. Al ministro le preocupa el respeto de la presunción de inocencia, muchas veces puesto en solfa por informaciones de actos judiciales, y tiene razones para ello, pero el remedio no es actuar contra la información. Ya he expuesto mis razones en otro lugar, al que puede acudir quien se interese por el asunto:

Lo que quiero subrayar es que la medida sería una amenaza cierta para la garantía del secreto profesional, que quedaría desactivada. A pesar de ser planteada como un remedio para defender un principio del derecho, la presunción de inocencia de quien no ha sido condenado, acabaría resultando, por el contrario, un atentado contra el derecho a la información. No es una buena medida sino una fractura de la libertad de información. El ministro de Justicia tuvo un mal sueño, que no es insólito: es una quimera que suelen acariciar de vez en cuando algunos políticos, con resultados catastróficos para todos si se empeñan en aplicarla. Por fortuna, esta vez quedó solo en un sueño.