La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: ¿Se puede o no se puede criticar a los jueces?

¿En qué quedamos? ¿La libertad de expresión acaba donde empieza una decisión judicial? La respuesta es negativa pero tendría que ser afirmativa si se atiene al escrito que trece magistrados del Tribunal Supremo han firmado en protesta por las declaraciones de dos miembros del Gobierno críticas con un fallo de la Audiencia Nacional. En ese alegato piden, nada más y nada menos, que el presidente del Gobierno “ponga coto” a manifestaciones similares. Se podría pensar que lo que provoca la reacción tan encrespada de sus señorías es un ataque brutal contra los jueces, pero se trata simplemente de unos comentarios, no amables ciertamente pero bastante pacíficos si se tiene en cuenta la indignación que ha causado en amplios sectores sociales el dictamen que los provoca.

A los magistrados les ha molestado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y sobre todo el ministro del Interior, Jorge Fernández, hayan reprochado que una sección de la Audiencia Nacional pusiera en libertad a dos etarra, uno de ellos el multiasesino Santi Potros, interpretando una norma europea que otra sección de la misma Audiencia entendió en sentido inverso y poco antes de la entrada en vigor de una ley sobre la materia que habría impedido la excarcelación. Sáenz de Santamaría dijo el día 5 que el Gobierno estaba en total desacuerdo y “no entendía” la decisión de la sección primera de la Audiencia Nacional de excarcelar a etarras y Fernández declaró el día 7 en una entrevista a La Razón esto:

Me parece lamentable [la excarcelación] desde todos los puntos de vista, también jurídicamente. El hecho de que la propia sala de lo penal no haya sido capaz de tener un criterio compartido pone de manifiesto que, como mínimo, una elemental prudencia hubiera exigido no haber adoptado una decisión de esas características. Esa opinión se agrava si tenemos en cuenta que se ha tomado en vísperas de la entrada en vigor de la ley aprobada por las Cortes que trasponía a nuestro ordenamiento jurídico la decisión marco de 2008 de la UE de la que trae causa esta decisión. Conforme a la Ley, no podían haber tomado una decisión como ésta. Alguien puede pensar que esa decisión se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicación de lo que dice la Ley sino a la voluntad de los que han adoptado esa decisión. La grandeza del Estado de Derecho es que el poder judicial es independiente, pero al mismo tiempo los jueces tienen por misión aplicar la Ley, no la potestad de legislar. Me congratula y estoy totalmente de acuerdo con la decisión del fiscal y tengo plena confianza en la sala de lo penal del Tribunal Supremo en que clarifique una cuestión como ésta, que tanta indignación ha generado de manera justificada en las víctimas del terrorismo y en una parte muy mayoritaria en la sociedad española que no entiende ni acepta una decisión de estas características”. (El texto completo de la entrevista aquí: )

Además el ministro respondió así a una pregunta sobre si “los jueces estarían prevaricando”: “Yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación”. Sin aludir expresamente a ese término, en su escrito piden de esta forma que el presidente calle al ministro:

Quienes suscribimos este documento, sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno, interesamos de la Presidencia de esta Sala Segunda que haga saber al presidente del Tribunal Supremo nuestra desazón por tales manifestaciones, así como que interese del mismo que, si considera que las mismas no son adecuadas ni guardan el debido respeto a este Tribunal, lo haga saber al presidente del Gobierno, recabando de éste la reacción institucional, que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos”.

Estos son los términos del conflicto: 1, decisión polémica de la Audiencia Nacional que ha creado alarma social, no solo entre las víctimas del terrorismo, 2, disgusto en el Gobierno manifestado públicamente y 3, protesta de unos jueces que consideran que el Gobierno se ha pasado y demandan que no insista.

La reacción de los magistrados es ciertamente insólita porque en esencia equivale a establecer que los miembros de un Gobierno (y por extensión se podría entender lógicamente los de otras instituciones, por ejemplo, el Parlamento) deben abstenerse de comentar las sentencias judiciales (salvo que lo hagan con voces tan suaves que nadie quede concernido). Pero entonces, los magistrados negarían a determinadas personas de un poder del Estado distinto al Poder Judicial el derecho a la libertad de expresión que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos y cuya amplia esfera de actuación el propio Tribunal Supremo ha protegido, como demuestra su reiterada jurisprudencia sobre el caso.

Yo creo que los magistrados firmantes del escrito hacen un mal servicio a la libertad de expresión, institución básica de la sociedad libre, y a su propio prestigio, pues exteriorizan una piel demasiado sensible ante las críticas. Lo mejor que puede pasar con este incidente es que se archive y se olvide pronto, para lo que es necesario que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a quien apelan, se abstenga de oficializar la protesta. En caso contrario, iba a ser preciso revisar el catálogo de los límites al ejercicio de la libertad de expresión. Y eso no sería de aplaudir.