La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Quien no respeta a los demás no vale para la política de la democracia

El alivio concedido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz al concejal de Podemos Guillermo Zapata no ha causado entusiasmo indescriptible en los medios de comunicación ni entre los periodistas. La reacción es significativa porque se puede entender que el magistrado, al exculpar a Zapata, da un espaldarazo a la libertad de expresión, pero algo está diciendo que su auto de exculpación tiene más en cuenta la personalidad del querellado que el ejercicio de decir uno lo que quiera. Esa es una suspicacia turbadora que ha obrado su influencia.

Veinticuatro horas después de emitido el auto, el ABC ha sido el único de los grandes periódicos que se ha ocupado editorialmente del asunto y no para celebrar la protección del derecho a la libertad de expresión sino para lanzarse contra el juez, cuya decisión –dice- “moralmente es inaceptable y socialmente incomprensible” y “abunda en una banalización del odio impropia en una democracia sana”. Yo no dudo de que el juez obtendrá aplausos en el sector y que veremos algunas adhesiones inquebrantables, pero la sorpresa y la desazón por su fallo son inocultables.

En una sociedad ya madura, se entiende que el uso de la libertad de expresión está sometido a unos límites mínimos e imprescindibles, como el de cualquier libertad y el de cualquier derecho. Sólo los ignorantes y los ácratas, éstos hasta que se les cae la venda de los ojos o llegan a tener responsabilidades, creen que existe barra libre permanente. El auto de Pedraz incide en la naturaleza de los límites, no, como es lógico, en su inexistencia. La discrepancia versa sobre sus razones que al final sustentan que el concejal podemita podía burlarse de las víctimas del terrorismo.

Es muy llamativo que Pedraz haya dictado su auto sin pedir declaración a Zapata, lo que justifica, y esto es pasmoso, para no causarle “un plus de perjuicio moral (pena de telediario, pena de paseíllo, etc)”, diligencia judicial que no se evita en otros querellados. Llama también la atención que argumente que el tweet que entre otros provocó la querella “contiene una frase ‘aislada’, sin más, esto es, sin explicaciones o comentarios”, que serían de todo punto imposible en los márgenes de 140 caracteres que impone Twitter. Y sobre todo que vea que el perdón de una de las víctimas borra el “descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”, que dice el Código Penal, art 578, en los insultos de Zapata. La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió en cuestión de horas recurrir el auto de Pedraz, ya que el delito de humillación a las víctimas del terrorismo es perseguible de oficio y en este caso se da el elemento objetivo necesario para que exista tal delito (El Mundo).

Pero al margen de este polémico incidente, es realmente asombroso que hasta ahora un uso agresivo, insultante y vejatorio de la palabra no impida a sus autores el ejercicio de la política en una sociedad moderna y democrática. La política es una dedicación al servicio de los ciudadanos y debe expulsar de su seno por principio a quienes atacan, desprecian y humillan a una parte de ellos. Esto tiene que ver con Zapata, agresor verbal de víctimas de ETA y de judíos víctimas del holocausto, pero también con Rita Maestre, asaltante de una capilla de la Universidad Complutense con clara lesión al derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, ambos concejales de Podemos siguen en sus puestos en el Ayuntamiento de Madrid.

Lo mismo cabe decir de aquellos, también con responsabilidades en Madrid y en otros municipios, que atacaron a políticos demócratas, como Alberto Ruiz Gallardón o Toni Cantó, sugiriendo con la palabra la agresión física contra ellos. Los ejemplos, desgraciadamente, son numerosos. Se habla mucho del derecho a la libertad de expresión, y eso está bien porque se trata de un derecho individual básico de la democracia. Pero no se habla tanto de las consecuencias del mal uso de esa libertad, que no solo retrata a sus autores –identifica a los autócratas y a los insociables– sino que debería ser un filtro de selección de la acción política. Quien no respeta a los demás desprecia la democracia, demuestra que no vale para la política de la democracia.