La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

Blog: Presunción de culpabilidad

¿Mataron Rosario Porto y Alfonso Basterra a su hija Asunta? Yo no lo sé. Tampoco lo saben con certeza los investigadores de la Guardia Civil que analizan hasta los más leves indicios del delito. Ni siquiera lo sabe con seguridad el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, que aún no ha acusado formalmente a nadie y que, cuando lo haga, tendrá que establecer los hechos y confirmarlos en un juicio con testigos, fiscal y defensores. Pero sí lo saben ciertos periodistas y algunos medios que ya han declarado culpables a los padres de la víctima. 

Por enésima vez, en los medios de comunicación se ha derramado el estigma de la autoría de un delito sobre unas personas investigadas antes de que se hayan aclarado los hechos, antes de que hayan aparecido pruebas irrefutables y hayan sido así enunciadas, antes de que los ya incriminados mediáticamente hayan confesado su culpabilidad, antes de que el juez haya formalizado una acusación, antes de que se haya abierto juicio oral y antes de que haya quedado establecida la verdad material del suceso. En algunos periódicos y en algunos programas de televisión saben más que nadie.

Así, no es extraño que, cuando los padres de la infortunada Asunta fueron llevados a declarar ante el juez, grupos de gente les esperaran a las puertas del juzgado para tacharlos de “asesinos”. No había pasado aún tiempo suficiente para disponer de datos fiables, pero la masa ya había emitido su veredicto: “asesinos”. Por supuesto, no era un dictamen espontáneo sino que los espectadores se expresaban por lo que los medios les habían confiado, de lo cual extraían una rotunda conclusión: “asesinos”.

Hay muchas causas por las cuales la acción policial y judicial invita a pensar que los encausados son culpables. En España, el inadecuado término “imputado” y la lentitud de muchos procesos caen como una losa sobre la cabeza de los envueltos en un sumario. Pero sobre todo ha provocado un efecto letal la rutina política de dar por culpable al acusado o al simple imputado, en la que ha sido maestro recalcitrante durante años, entre otros, el ex ministro José Blanco hasta que le tocó a él la acción de la justicia y entendió el mal que ocasionó con su obstinación en colgar culpabilidades.

Algunos políticos reinciden en sancionar por indicios, lo que es una forma segura de deseducar en una materia en la que se ponen en juego famas y personas, algunas de las cuales no se recuperan nunca. En la sociedad española –y posiblemente en otras, pero yo hablo de lo que conozco- está muy extendida la costumbre de condenar de antemano después de leer, ver y escuchar cómo se pone en tela de juicio el proceder de personas por el hecho de ser investigadas por la justicia cuando ni siquiera hay pruebas fidedignas de un comportamiento incorrecto, que sólo lo es en apariencia.

Lo que hay que suponer en la conducta de los demás no es la culpabilidad sino la inocencia. La presunción de inocencia es un principio jurídico básico porque todo el mundo tiene derecho a ser considerado inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Esta norma elemental de la convivencia, que se expresa en la formulación clásica in dubio pro reo, está constitucionalizada entre nosotros (art. 24.2), pero hay una tendencia irrefrenable en algunos medios y en algunos comunicadores a saltársela a la torera. Y eso ha ocurrido a pesar de que el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, se adelantara a pedir “prudencia”, quizá presintiendo lo que luego ha pasado.

Los padres de Asunta pueden ser procesados o no por el juez, pueden ser luego declarados culpables o no, pero mientras tanto nadie puede darlos ya por autores de un asesinato –lo cual, por cierto, es una calumnia- ni aun conociendo alguna prueba que los incrimine. ¿Y si lo que hoy parece evidente mañana se demuestra imaginario, ficticio o falso? La libertad de información no ampara las elucubraciones, menos aún cuando andan por medio derechos personales fundamentales. La información ha de ser veraz –en lo cual entra también nuestra Constitución- y las conjeturas y las sospechas no son exactamente la verdad.