La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Penalizar las opiniones

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), un organismo que no debería existir, ha alentado al Gobierno autonómico de Artur Mas a actuar judicialmente contra unos periodistas por sus opiniones críticas con el proceso de secesión que lidera. Y el Gobierno autonómico le ha seguido la corriente –porque lo creó para controlar a la prensa- y acudió a los tribunales. Que yo recuerde, es la primera vez que un Gobierno, regional o nacional, pretende que un juez castigue a unos periodistas por una opinión en un sistema libre en el que la libertad de expresión es objeto de un derecho fundamental. Si me he perdido algún episodio posterior a la entrada en vigor de la Constitución, agradecería que se me indicara cuál.

El CAC, que se dedica a vigilar a los medios a petición política y que no debería existir, inspeccionó en septiembre programas de siete televisiones (La1, Antena 3, Telecinco, 13tv, Intereconomía, TV3 y 8tv) y cinco radios (Cope, Onda Cero, Ser, Cataluña Radio y Rac1) y concluyó que algunos periodistas “equipararon –son sus palabras- planteamientos en favor de la independencia con regímenes totalitarios”. Y luego tomó dos determinaciones. La primera consistió en “instar” a la Comisión Nacional de los Mercados a “adoptar las medidas necesarias”, que por lo que sabemos han debido de consistir en registrar la petición y punto, pues no se le conocen hasta ahora medidas represivas de la libertad de opinión.

La segunda determinación fue transmitir al Gobierno de Mas el resultado de sus pesquisas y en este caso su esfuerzo fue recompensado por el éxito, ya que la Generalitat ha denunciado a Gabriel Albiac, Xavier Horcajo, Federico Jiménez Losantos, Alfonso Merlos, José Antonio Sentís y Hermann Terstch, y también a la diputada de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha incluido en el grupo de opinadores a perseguir. El Gobierno de Mas le dice al juez que estos peligrosos opinantes han violado la ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, pues han fomentado con sus palabras “el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacionalidad u opinión”, recogiendo argumentos del CAC, ese organismo inspector de la retórica que ya sabemos que no debería existir.

Al parecer lo que ha movido a los jefes de la Generalitat a actuar contra estos opinantes es que hicieron símiles entre acontecimientos de la deriva separatista con el nazismo o el fascismo. Digo al parece porque no he encontrado en el inmenso archivo de internet una concreción de las acusaciones. Pero hablar de nazismo o fascismo en comentarios periodísticos o políticos nunca se concreta en una asimilación estricta con Adolf Hitler o Benito Mussolini. El argumento queda en los parajes del totalitarismo y el autoritarismo. No creo que nunca nadie quiera decir que Mas sea admirador de esas ideologías pero sí que se muestra autoritario, incluso “excesivamente autoritario”, juicio que se corresponde con su pretensión de no cumplir la ley, que es lo que proclama que tiene pensado para lograr la secesión.

Hay otro aspecto significativo de este rastreo. Un Juzgado de Barcelona ha admitido la demanda de la Generalitat, que pide protección del derecho al honor «en nombre del pueblo catalán». Si está bien descrita su intención (pues otra vez tengo que advertir que el texto completo no se halla en Internet), la Generalitat tendrá que aceptar que sea reprochada por su arrebato autocrático de transmutarse en el “pueblo catalán”, cosa que es frecuente, lamentablemente, en una institución y en unos políticos que a veces dejan pequeño al absolutista Louis XIV. Pero hay otra consideración que añadir y es que el derecho al honor no corresponde a instituciones sino a personas. Lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional de 1988, que estableció una doctrina insistentemente repetida:

  • El derecho al honor tiene en nuestra Constitución un significado personalista, en el sentido de que el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hace inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas” (STC 107/1988, de 8 de junio).

Por lo demás, es inaudito que Mas pretenda que unas opiniones generan “odio, desprecio o discriminación por motivos de nacionalidad u opinión” cuando su delirante proyecto independentista ha demostrado ser una fuente de odio a España, de desprecio a los españoles y a la lengua española y de discriminación a los que habitan en Cataluña y no le siguen la corriente. ¿Hay que recordar el ofensivo y mendaz slogan “España nos roba”, la desobediencia de la Generalitat a las sentencias de los tribunales, la presión mediática y callejera a los disidentes? De esto no se entera el CAC, que sí es un organismo colaborador de la secesión. Otra razón por la cual no debería existir.