La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Peligro a la vista

Cuando el poder político se pone a cavilar sobre los medios de comunicación suele dejar al descubierto sus tentaciones de control. La Comisión Europea maneja un informe sobre los problemas de la comunicación que contiene la propuesta de creación de un organismo en cada país de la Unión con capacidad para vigilar y multar a los medios. De momento es solo un informe, pero así emprenden su camino todas las leyes.

Hay que decir que tal report  se propone defender la libertad y el pluralismo en el ámbito europeo y que en 51 páginas abunda en medidas para procurar la libre competencia y proteger el derecho del ciudadano a una información veraz. Pero si se hiciera realidad el órgano de control que diseña, acabaríamos lamentando una peligrosa restricción política en el espacio de libertad de la vieja Europa.

Define ese órgano de control de los medios como un consejo independiente y plural pero no determina un cauce igualmente independiente y plural de nominación de sus miembros. En España tenemos experiencia de cómo se forman los órganos colectivos –el consejo de administración de las televisiones públicas, lo más cercano a lo que este informe define, por no hablar del Consejo del Poder Judicial o de las cúpulas de las empresas públicas- y sabemos que detrás de ellos se vislumbra y con frecuencia se siente la mano del poder político.

De nada sirve que el nombramiento de los consejeros sea “transparente”, como pide el informe de la UE, si no se impide la extracción política; ni que se prevea contrapesos entre sus componentes, que no obstaculizan su politización. Por ese camino, el consejo acabaría siendo otra reproducción a escala del Parlamento con proporción partidaria y el permanente tira y afloja para la dominación de los medios.

Lo más asombroso, con todo, es que se dote a tal organismo inspector de capacidad para imponer multas a los medios, ordenar la emisión de disculpas y lo que llama “eliminación del status de periodista” – removal of journalistic status-, que cabría interpretar como la retirada de una supuesta “licencia” para ejercer como periodista. Y todo ello dictado no por un juez sino por una instancia administrativo/política sometida además a la supervisión final de la Comisión europea.

Los principales abusos que se cometen contra la libertad de expresión y la libre información son de ascendencia administrativa. Désele poder sobre los medios a un político y se comprobará qué pronto acaba con su autonomía. La garantía de la libre comunicación está en la ley y en el juez. Es verdad que a los medios y a los periodistas hay que pedirles autocontrol frente a los límites legítimos a la información y la opinión –en esencia los dictados por los derechos fundamentales, que en nuestro caso están bien contemplados en la Constitución-, pero los excesos y los abusos deben tener su respuesta principalmente en la justicia y no en el ámbito político.

En la redacción del informe han participado un profesor constitucionalista portugués, Luis Miguel Poiares Pessoa, y un comunicador de Internet británico, Ben Hammersley, ambos reconocidos en su especialidad. Pero los otros dos autores son políticos profesionales, Vaira Vike-Freiberga, ex presidentra de Letonia entre 1999 y 2007, y Hertha Däubler-Gmelin, que fue ministra de Justicia en Alemania.

La propuesta de control no ha despertado muchas atenciones, posiblemente porque aún no es muy conocida, pero el presidente de la Asociación Europea de Editores de Periódicos (ENPA), el noruego Ivar Rusdal, ya ha dicho que sus autores han “errado el blanco” al proponer un control político que recuerda “regímenes cuya abolición nos exigió a todos una dura lucha” y que supondría un “grave retroceso” de la libertad de Prensa en Europa . Sin duda.

¿El silencio de la Comisión, cuya vicepresidenta, Neelie Kroes, tiene en su poder el informe, significa que se ha percatado del traspié? ¿O es que prepara discretamente el trámite para elevar el intento de control político a la instancia legislativa de la Unión? Esperemos que en Bruselas no se practique la costumbre de obstinarse en el error.