La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: No hay un “derecho al insulto”

Ustedes perdonen la insistencia, pero la suciedad e hipocresía que está esparciendo la reciente moda de la conspiración contra políticos de la derecha obliga a llamar la atención sobre la inexistencia de su fundamento; y esa llamada hay que dirigirla en dos direcciones: hacia donde están los que maquinan y realizan los llamados “escraches” y hacia donde están los políticos de la izquierda que asisten complacidos, sin lograr a veces disimular su satisfacción, negándose a condenar con valor y justicia las intimidaciones y hasta apuntándose algunos en deseo a los grupos acosadores.

Los acosadores basan su intimidación en la presencia y la palabra. Sitian a su víctima en el domicilio o en el despacho y muestran mensajes escritos, pregonan slogans y la ultrajan y denigran. Algunos de quienes han sufrido tales acorralamientos, siempre políticos del Partido Popular, y han tratado de conversar con los acosadores, han relatado que, tras un intercambio de frases más o menos correcto, han sido después agraciados a voz en grito con insultos de este jaez: sinvergüenza, asesino, criminal. Otras veces, los insultos han proliferado desde el principio de la cacería.

Pese a la violencia y la humillación que estos agravios entrañan, los insultadores se muestran como si fueran titulares de un derecho que les permita vejar a los demás y satisfechos de ejercerlo, o sea, como poseedores de una superioridad que legitima sus agresiones. Lo mismo cabe decir de quienes eluden condenarlas o las disculpan torcidamente. Y, sin embargo, no sólo la ética más elemental reprueba el insulto sino que la ley lo condena. Malos tiempos son estos en que es necesario recordar las obviedades.

Nuestro Tribunal Constitucional ha repetido en decenas de sentencias que no existe “un pretendido derecho al insulto”. Quienes desempeñan funciones públicas están expuestos –dice- a “un más riguroso control de sus actividades” que los “simples particulares”, pero –añade- incluso cuando “los límites de la crítica permisible son más amplios, la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, lo que significa que de la protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) de la Constitución están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que (…) sean ofensivas o ultrajantes”.(Sent. 77/2009, 23 de marzo, entre otras).

Esto deberían conocerlo y actuar en consecuencia los acosadores, quienes los mueven, quienes los protegen y quienes los disculpan, muchos de los cuales son políticos que esperan pescar en el río revuelto de la coerción y las amenazas a la derecha. Deberían conocerlo… y lo conocen, porque nadie en su sano juicio puede entender que es inocuo calificar a alguien de asesino.

Pretender que los acosos no son violentos es una ficción para mentes confundidas. Violencia no es solo agresión física. Existe la violencia intimidatoria y la violencia verbal, ingredientes de los acosos con los que pretenden impedir que los políticos actúen con autonomía, que los parlamentarios voten con libertad. No hay razones para no poner de inmediato, con la ley en la mano, remedio a estas acciones antidemocráticas, que vuelcan basura sobre nuestro sistema y raudales de preocupación sobre la sociedad pacífica. Se trata de que el sistema se defienda de sus enemigos, que abusan de la libertad, para no pagar después el deterioro causado por su agresión.