La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Límites a la libertad de expresión de los jueces

Va a causar polémica, habrá quienes se opongan, ya lo verán, pero el proyecto del Ministerio de Justicia de limitar la libertad de expresión de los jueces tiene fundamento. Hace mes y medio yo criticaba aquí el pronunciamiento de unos jueces catalanes a favor de la deriva secesionista de la Generalitat por ser su toma de postura un atentado a su propia independencia profesional. Doy por reproducido lo que dije entonces . Los jueces tienen derecho a opinar y a intervenir en reyertas de opinión; nadie les niega la libertad de expresión. Pero hay razones de peso para demandarles que sean prudentes y para que la ley, si no lo son, les aplique una norma restrictiva que les depare sentido común.

Es lo que pretende hacer el Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón, si la oposición de los funcionarios de tribunales no se lo impide, con una extensa reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que ha preparado con el propósito de agilizar la administración de justicia y en la que incluye un límite especifico a la libertad de expresión redactado en este términos: “Los jueces y las asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquéllos podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados”.
A mí esta medida me parece higiénica. La libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Hay afirmaciones que no ampara, como por ejemplo la injuria y la calumnia, de lo que bien saben los jueces, no porque las practiquen sino porque las reprimen. Y hay profesionales que resultan afectados por límites especiales, como es el caso de los militares, a quienes se les obliga a quedar al margen de los debates políticos, o los funcionarios y profesionales a quienes se les impone el secreto del sumario por los propios jueces instructores. Así que un límite a la libertad de expresión de los jueces no los convierte en casos insólitos ni en ciudadanos de segunda.
Por el contrario, este límite los protege porque les ayuda a preservar su independencia, que es un valor esencial de su imprescindible misión y el que ofrece a los ciudadanos las mayores dosis de confianza en su trabajo. Cuando un juez entra en polémicas sobre asuntos en trámite judicial o afectados por el debate público se arriesga a no hacer un buen servicio a la causa de la administración de justicia y se hace un mal servicio a sí mismo, porque su imparcialidad queda tocada a ojos de los ciudadanos, que encuentran en ello razones para la suspicacia.

El proyecto de Gallardón es moderado porque deja fuera del ámbito de la libertad de expresión de los jueces solo los “asuntos pendientes ante los tribunales” y las “resoluciones judiciales”, pero en buena lógica un elemental sentido de la prudencia, entroncado con un cardinal concepto del ejercicio profesional, habría de llevarles a abstenerse de pisar charcos de polémicas públicas. Los ciudadanos ya hemos tenido bastante con los “jueces estrella”, con la lentitud de la administración de justicia y con decisiones sorprendentes o discutibles que no hacen ningún favor a la confianza popular. La restricción que se prepara molestará a algunos jueces pero favorecerá a la justicia. Ojalá salga adelante por el bienestar general.