La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Líderes en piratería online

Hace unos años, asistí en una clase de un Máster a la ardorosa defensa realizada por una alumna de su libertad a obtener de Internet sin pagar todos los productos culturales que su habilidad y su tecnología le permitieran. Ante el asombro de sus compañeros y del mío propio, aducía el derecho de cada uno a la cultura para justificar el pirateo, que no lo llamaba así porque la apropiación online de cualquier contenido –libro, película, música, periódico…- no la consideraba indebida sino todo lo contrario. No hubo manera de convencerla de la ilicitud de ese procedimiento.

Ignoro si, ya profesional de la información, aquella alumna ha rectificado su criterio, al menos ante el hecho de elaborar con su trabajo productos culturales de los que otros pueden lucrarse con las facilidades tecnológicas a su alcance. Pero el recuerdo de su alegato en favor de sacar provecho del esfuerzo ajeno desde el elevado estadio académico de un Máster me ha servido desde entonces para ejemplificar lo extendida que está entre nosotros la falta de consideración a la propiedad intelectual y la consiguiente violación de las normas que tratan de protegerla.

Ahora tenemos detalles que confirman el formidable alcance del robo informático de trabajos culturales en nuestro país. Un estudio  realizado por GfK para la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, fundada por varias asociaciones profesionales para defender la propiedad intelectual, ofrece datos de un verdadero expolio producido el año pasado en España: 43 de cada 100 internautas piratean películas; 32 de cada 100 piratean música; 12 de 100, libros; 7 de 100, videojuegos.

Eso, traducido a números revela que se realizaron 3.049,6 millones de descargas ilegales, cuyo valor en millones de euros fue de 15.204,7. El lucro cesante para las empresas por esta práctica (dado que los contenidos descargados en su mayoría no son consumidos) se calcula en 1.220,6 millones. Si los internautas hubieran pagado el precio de lo acaparado, las arcas públicas habrían recibido 494,7 millones de euros en impuestos y en cotizaciones a la Seguridad Social, ya que sin ese expolio la industria de contenidos en España podría haber creado 24.766 puestos de trabajo directos, dice el informe, lo que supondría para el empleo del sector un incremento del 43,1 %.

Las razones que aducen los piratas online para explicar su acción tienen que ver con las posibilidades que ofrece la tecnología: el 75 % no paga por un contenido si puede acceder a él sin coste. Pero un número muy significativo de ellos demuestra también que carece de un elemental sentido del respeto al trabajo de otras personas: el 27 % arguye que no es una actividad ilegal o censurable.

Los argumentos de la alumna del Máster no son insólitos entre los piratas informáticos: nada menos que el 32 % alega que la piratería es un “derecho del internauta”. En este escenario de déficits éticos, no falta quien muestra ignorar el alcance de su práctica: el 31 % asegura creer que no está haciendo daño a nadie, el 17 % pretende que no está perjudicando a ninguna industria y el 18 % se escuda en que no hay consecuencias legales, que no le pasa nada al que se apropia de contenidos propiedad de otros.

La sensación de este 18 % es plenamente real porque la lucha contra la piratería en España está coronada por el fracaso. La Comisión de Propiedad Intelectual, creada hace un año a raíz de la llamada ley “Sinde”, por el nombre de la anterior ministra de Cultura, para luchar contra las descargas ilegales, ha resuelto 30 de las 363 solicitudes que ha recibido . El número de las demandas ha sido ridículo en comparación con los millones de accesos ilegales registrados. Lo menos que se puede deducir de ello es la desconfianza de las víctimas del pirateo en la gestión administrativa pensada para defenderlas.

Pero es que el peso de los casos resueltos es irrisorio: 30 de 3.000 millones de descargas ilegales representa el 0,000001 %, y no sé si me dejo algún cero. Ya se entiende que no son términos comparables pero el cotejo vale para percibir que la lucha mantenida hasta ahora contra el pirateo es la que puede plantear una hormiga contra un ejército de gigantes.

No obstante, lo más preocupante me parece a mí la falta de responsabilidad y de escrúpulo en quienes se dedican en nuestro país a la desbordante actividad del pirateo online. El derecho de propiedad intelectual es un límite evidente, incuestionable, decisivo a la disponibilidad de una obra ajena. Dicho límite actúa para toda clase de comunicación y en todas las direcciones: la edición de un libro, la exhibición de un cuadro, la circulación de un periódico, la comercialización de una pieza musical, etc., etc., porque es el autor quien decide soberanamente sobre la difusión de su obra. El límite es tan rotundo, que ante el derecho de propiedad intelectual, tal como está contemplado en la ley, decae el derecho a la información salvo en casos precisos justificados por el interés general o previa conformidad del autor.

No es extraño que nuestro país corra serio peligro de verse destacado por esta forma de saqueo en Internet. La Alianza Internacional de Propiedad Intelectual, que reúne a industrias de contenido en EEUU, ha pedido a su Gobierno que vuelva a incluir a España en la “Lista 301” de países piratas, de la que salió hace un año  Mal liderazgo es éste. Pero tenemos muchas posibilidades de volver a recibir tan indeseada distinción.