La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: La libertad de expresión de los jueces

La firma por 33 jueces catalanes de un manifiesto a favor del derecho a decidir de Cataluña  ha levantado alarmas y ha reavivado en muchos la inquietud por la crisis de la administración de justicia. Entre los firmantes se encuentran magistrados que llevan o han llevado asuntos que conciernen a la mayoría gobernante, como Juli Solaz, Josep Maria Pijuan y Míriam de Rosa. Y ha provocado la duda sobre los límites que conciernen al ejercicio de la libertad de expresión de los miembros del Poder Judicial.

         Un juez que irrumpe en el debate político y social de asuntos controvertidos invita a pensar que está sacando los pies del tiesto. Si además lo hace para patrocinar un asunto que afecta a la estabilidad nacional desde planteamientos inconstitucionales, la sospecha es que se está pasando de listo o algo mucho peor. Porque el deseo sobre la actitud de los jueces que se oye entre la gente es que deben preservar y demostrar su imparcialidad. Decisiones sospechosas de prejuicio –por no decir apasionadas o arbitrarias- han creado una marea de recelo sobre la acción de la justicia que aconseja que los jueces se abstengan fuera de sus despachos y no contribuyan al debate …y a la suspicacia.

Pero no se les puede impedir que lo hagan. Tienen tanta libertad de expresión como los demás mortales. No hay una norma que les impida opinar, salvo sobre aquellas cuestiones que están amparadas por los límites legítimos que a todos atañen, por ejemplo cuando el derecho al honor o a la intimidad prevalecen o cuando su deber al secreto profesional les obliga a guardar silencio. El único límite expreso que la Constitución impone a jueves, magistrados y fiscales en activo es el de desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127). Y la ley Orgánica del Poder Judicial no les coarta su derecho a opinar.

Pero es evidente que una mínima prudencia en el ejercicio de sus funciones profesionales debe llevarles a renunciar a tomar posición. Es la misma prudencia que debe disuadirles de prejuzgar un hecho sobre el que luego puedan entender porque se verían afectados por causa de recusación. En todas las profesiones hay motivos y coerciones para la discreción. Entre los periodistas se ha entendido siempre que el informador ha de cuidarse de opinar cuando relata un hecho. Es una fórmula de protección del derecho a la información de los ciudadanos, a quienes se les debe el respeto de no adulterar la descripción de hechos con opiniones personales. Es verdad que cada vez se leen, se escuchan y se ven más informaciones trufadas de opiniones, pero la abundancia no es sinónimo de acierto. Y en todo caso a nadie con ideas claras se le ocurre reivindicar un simultáneo derecho a opinar cuando cumple con su deber de informar si entiende éste, claro está, en sus justos términos de servicio al derecho de los ciudadanos.

Y así como podemos considerar inservible una información invadida de opinión, también podemos recelar de un juez que se posiciona o toma partido en un asunto político controvertido. Su libertad de expresión le ampara, pero no podrá quejarse si los ciudadanos le repudian con su desconfianza, ni si se lo reprochan públicamente, que también a ellos su libertad de expresión les ampara para hacerlo. Y eso al final redundará en un daño al desempeño de su propio deber profesional y, en último término, a la administración de justicia.