La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: La crisis de la tv autonómica

Dentro de poco se cumplirá un año de la autorización concedida por primera vez a las Comunidades Autónomas para la privatización de sus televisiones y la implantación de fórmulas de colaboración en la producción televisiva con empresas privadas. Era una solución que se estimaba determinante para aclarar el panorama de las tvs autonómicas y que venía siendo reclamada por algunas Comunidades. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Nada especialmente significativo. ¿Ha servido esa fórmula para sacarlas de su crisis? En absoluto. Hay Comunidades que no quieren oír de ella.

La privatización de las tvs autonómicas es una solución a los dos grandes problemas que han causado desde su entrada en funcionamiento, hace ya 30 años, tras la promulgación de la ley del Tercer Canal (aunque la ETB vasca empezó a emitir un año antes en la alegalidad): uno de esos problemas es la politización de la emisora a la sombra del Gobierno autonómico de turno; el otro, el enorme dispendio de fondos públicos. Pero está visto que algunos Gobiernos quieren seguir manejando la televisión como un instrumento de su gestión (como los nacionalistas vasco y catalán) para lo cual no reparan en gastos (del presupuesto público, por supuesto).

Antes de que se legalizara la venta de las tvs autonómicas (que se hizo por reforma de la ley General de la Comunicación Audiovisual mediante ley 6/2012, de 1 de agosto), sólo dos dirigentes habían mostrado su voluntad de desprenderse de ese aparataje político y mediático, Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal, en Madrid y Castilla-La Mancha. Pero en los diez meses transcurridos no ha habido ni la convocatoria de la enajenación ni noticia de que se preparase. Sólo en Murcia se inició el proceso de privatización de su pequeña emisora que aún no ha concluido. forta

En las demás autonomías, sus dirigentes se resisten a renunciar a tan potente aparato de influencia o lo consideran esencial para sus planes. La voluntad política de conservar un vehículo de presión social es una dificultad insalvable para reducir sensiblemente el peso de la tv autonómica, que forma con la televisión pública estatal y la extendida maraña de medios municipales el principal grupo de comunicación de España. El constante debate político que se oficia en torno a la tv autonómica consiste invariablemente en acusaciones de la oposición al Gobierno regional por lo que considera abuso de una institución pública teóricamente independiente. Hace unos días el director general de la televisión de Castilla-La Mancha se quejaba de los graves ataques que recibe desde la oposición (Periodista digital)

La privatización choca con serias dificultades económicas. En medio de la crisis actual, las empresas a vender cuentan con una estructura empresarial débil, afectada por una baja cifra de negocio y una alta nómina, y todas ellas necesitan fuertes inyecciones de fondos públicos. La privatización factible hoy se concreta en acuerdos con empresas privadas para la realización de programas. La gran cuestión acerca de su utilidad para los ciudadanos, obligados a financiarlas con sus impuestos, seguirá vigente porque gran parte del sector se resiste a cambiar. En los próximos años acaso veamos la venta o la desaparición de alguna tv, pero las grandes líneas actuales del sector se mantendrán estimuladas por el control político.

La crisis de la tv autonómica se acredita también por su menguada difusión. El director de Comunicación de RTVE, Alfonso Nasarre, se ha preguntado oportunamente si España se puede permitir un modelo de tvs autonómicas en el que solo cinco de las 13 tienen unos niveles de audiencia que superan el 10%. Únicamente las de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Aragón rebasan el 10% de audiencia, mientras que las demás no pasan del 7% o del 5% (El Mundo).

Si a los datos del control político y de su raquítica audiencia se une su constante y en algunos casos alarmante déficit, el resultado es una crisis insostenible de un modelo innecesario. Pero muchos políticos lo mantendrán, precisamente ahora que, por primera vez, una ley les permite resolverlo de la manera más favorable al interés general.