La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Justicia firme pero tardía

 

Justino Sinova / 12 de mayo de 2014

Dos Juzgados de la Penal, uno de Madrid y otro de Badajoz, han condenado por injurias a sendos internautas que campaban a sus anchas por la red y agredían con gruesas palabras a políticos conocidos –Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, y José Antonio Monago, antes de ser presidente de la Junta de Extremadura- a quienes tenían por víctimas habituales. Han sido dos sentencias indubitables y positivas para tratar de custodiar el imperio de lo justo y reponer famas asaltadas. Pero dudo que hayan sido realmente eficaces.

La causa de mi sospecha es la demora con que se han sustanciado ambos casos, que han terminado con sentencias condenatorias cuando posiblemente los injuriadores habrían olvidado su barbaridad de no mediar el proceso judicial. El caso de Madrid se vio y se resolvió con  un acuerdo de conformidad en el Juzgado de lo Penal nº 24 el pasado día 6 de mayo pero los hechos se remontan a dos años antes, junio de 2012. El caso de Badajoz es aún peor, pues los ataques a Monago se produjeron en mayo de 2010 y la sentencia se emitió en octubre de 2013.

Dos años de paréntesis en un trámite y tres y medio en otro hacen de la aplicación de la justicia un acontecimiento incierto. La magistrada Ana Ferrer, primera mujer que llega a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, decía este fin de semana en El Mundo que “una Justicia que se dilata tanto en el tiempo es menos Justicia”. Se refería a otros casos tan conocidos cuya instrucción se prolonga exageradamente y nunca acaba. En cuanto a Internet, estando por medio la velocidad supersónica de la red, poco puede una administración de justicia si actúa con lentitud de tortuga.

Las resoluciones de Madrid y Barcelona son importantes, al margen del problema de la demora, pues tratan de implantar en el ámbito virtual de la red lo que es normal en la realidad de las relaciones humanas, que es el respeto al otro y la represión de lo injusto. Muchos de los que participan en las conversaciones múltiples que facilita Internet se sienten protegidos por el anonimato y pretenden que la libertad de expresión autoriza sus exhalaciones verbales. Así, atacan con ferocidad gramatical pensando, acaso, que la injuria y la calumnia son límites ficticios que no les vinculan.

La decisión judicial de Madrid condena al demandado, del que se conocen sólo sus iniciales, L.J.M., ciudadano de Lérida y que firmaba en Twitter como Ximicomix, a multa de 300 euros, indemnización de 1.000 euros de indemnización y a pagar las costas del juicio. El resultado es consecuencia de un acuerdo previo, en el que el acusado se comprometió a pedir perdón a la ofendida en la sala del juicio, como al final hizo, y se libró de la petición inicial, que era de cuatro años de cárcel. Quedó claro en el juicio que el tal Ximicomix cometió delito de injurias.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz condena al ciudadano catalán Josep Corominas Agustí por insultos a José Antonio Monago, en un foro de Internet creado por él titulado “Hay catalanes que les da asco ser españoles y a veces lo comprendo”, a pagar una multa de 2.555 euros (doce meses a razón de 7 euros al día), una indemnización por daños morales de otros 2.500 euros y las costas, por un delito de injurias con publicidad pues los términos que empleó el internauta “extralimitaban su libertad de expresión”.

Estas dos sentencias demuestran que la justicia española está atenta a los actos ilícitos que se cometen en Internet y sus llamadas redes sociales. Pero al mismo tiempo pone de relieve que la maquinaria de la justicia no está adaptada a las exigencias que plantea Internet, que en algunos de sus espacios es una ciudad sin ley. Antes de las acciones contra el convecino oculto bajo el seudónimo Ximicomix que insultaba a Cifuentes y contra el llamado Corominas que insultaba Monago, otros internautas reprodujeron similares agresiones y añadieron otras incluso más sonoras.

Pero tales agresiones quedaron sin réplica en el tiempo transcurrido desde las denuncias y las resoluciones judiciales. Se puede confiar en que la respuesta judicial sea tomada como aviso por los reincidentes en el ajetreo informático del insulto y en que posteriores sentencias contra los difamadores exhorten a muchos a un comportamiento cívico. Se puede, sí. Pero mejor sería que la administración de justicia respondiera a la exigencia de aplicación y diligencia que requiere Internet. Si no, glosando a Ana Ferrer, habrá que considerarla una justicia reducida, o sea, ineficaz.