La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Ese inconveniente que es la verdad

Los independentistas catalanes, incluido el súbito Artur Mas, enaltecieron de antemano el referéndum en Escocia como un aval a su proyecto. Después del resultado, con el triunfo rotundo del “no”, lo único que les queda es la soflama del voto como garantía de la democracia. Han consagrado el sofisma de que democracia es igual a votar, por lo que allí donde no se puede votar no hay democracia y, además, quien impide a otro votar es un antidemócrata. La argucia les ha servido para convencer a bastante gente, e incluso para convencerse a sí mismos, porque tiene una apariencia de verdad que le da lustre. Pero, lamentablemente para ellos y para los embaucados por ellos, es una falsedad de tomo y lomo. La democracia no consiste en votar sino en cumplir la ley, empezando por el gobernante, lo cual es una garantía para los gobernados, que no podrían ser timados por gente sin escrúpulos como Artur Mas y sus colegas de ilegalidad. En democracia se vota lo que está permitido, protegido u ordenado por la ley. Y se vota cuando la convocatoria la prescribe quien tiene competencias para ello según la ley. Si no se dan esas dos condiciones, la votación supuestamente democrática se convierte en un acto típicamente antidemocrático, en una lesión a la ley, en una broma a los ciudadanos y en un acto fallido sin otras consecuencias que la responsabilidad política y penal en que han incurrido el convocante y sus protectores. En el montaje que ha organizado Artur Mas en Cataluña se incumplen las dos condiciones. En primer lugar, votar para decidir sobre la independencia de Cataluña, como sobre la de Burgos, o la de Aranjuez, no pueden hacerlo solo los habitantes de Cataluña, de Burgos o de Aranjuez, pues una reforma del precepto constitucional de la unidad de España requiere la consulta a todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional, que no puede ser troceada sin grave lesión a los excluidos. Para decidir sobre la independencia de Cataluña deben ser convocados también los ciudadanos de cualquier lugar de España, como para votar sobre la independencia de Burgos o de Aranjuez tienen que ser convocados los ciudadanos que habitan en Cataluña con el conjunto de todos los demás españoles. La segunda condición que incumple Artur Mas es convocar una votación sin tener facultades para hacerlo. La convocatoria de un referéndum está otorgada en la Constitución al Rey, a propuesta del presidente del Gobierno y con autorización del Congreso, y nadie puede arrogarse el privilegio de incluirse en ese cupo ni siquiera a través de una ley votada en el parlamento regional, en este caso por el Parlament catalán, porque no tiene competencia para modificar la Constitución de todos los españoles. Esa ley del Parlament también es inconstitucional. Artur Mas se ha encargado de oscurecer todo esto con su mentira. Si Mas actuara con la verdad por delante, nunca se habría metido en esa operación de ilegalidad, que incumple no solo la ley vigente sino las normas más elementales de la democracia. Pero, claro, la verdad tiene muchos inconvenientes, en este caso, el grave inconveniente de violar la ley. Y la verdad dice que lo que Mas hace es antidemocrático. Votar no es siempre un bálsamo con poderes mágicos. Solo cuando la ley lo prevé. Estando Mas en el borde de la ilegalidad, en la que caerá en cuanto firme la convocatoria del referéndum que no puede convocar, resulta paradójico que al Gobierno de España se le exija que se siente a negociar con el infractor. Aquí no hay dos responsables de un conflicto, el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, sino uno solo que ha planteado un reto ilegal, antidemocrático, al Estado. Lo primero que hay que exigir es que cese en su osadía. Esto es también respetar la verdad. Soy consciente de que lo que he escrito hasta aquí es algo que muchos lo tienen claro, pero a veces hay que insistir en lo obvio porque la mentira se difunde con urgencia y logra tapar la verdad. Y además porque hay que prestigiar la verdad, no solo como esencia de la comunicación, sino también como exigencia básica de la acción pública y de gobierno. Quien usa la mentira en beneficio de su gestión es un peligro para la democracia. Él es el antidemócrata.