La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: El acoso a la derecha

Integrantes de los grupos que están realizando acciones de acoso de diversos tipos a políticos de la derecha han aducido que lo hacen en uso de su libertad de expresión. Sin duda, la libertad de expresión es una institución básica de la sociedad democrática que actúa como un dispositivo de autodefensa frente al poder político, pero su ejercicio no es ilimitado, no autoriza a todo lo que a uno se le pueda ocurrir.

El último episodio de acoso político ha tenido como objetivo a Esteban González Pons, diputado y dirigente del Partido Popular, cuando grupos de gentes convocadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas se concentraron frente a su domicilio en Valencia, entraron en su portal y llamaron reiteradamente a la puerta de su vivienda, mientras desde la calle proferían insultos contra él y empapelaban paredes con su fotografía.

Otros políticos, también de la derecha, han sufrido episodios similares en bares, restaurantes y otros lugares públicos. Hace unos meses fueron ampliamente difundidas imágenes de la persecución y el acorralamiento por un grupo de jóvenes que sufrió en la calle la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que tuvo que buscar refugio en una cafetería.

Aducir el derecho a la libertad de expresión para justificar tal hostigamiento es tratar de disfrazarlo. La libertad de expresión no es una patente de corso para lesionar el honor, la fama o la consideración de las personas. Aunque en muchos casos señalados prevalece sobre el derecho al honor y a la intimidad, en otros decae frente a él. El Tribunal Supremo ha dictado precisamente estos días una sentencia, la 600/2013, en un caso afectado por este conflicto, en la que recuerda el peso que tiene el derecho al honor, o sea el respeto debido a una persona, en la doctrina constitucional:

“El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquélla”.

La protección del derecho al honor prevalece, recuerda el Supremo, “cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan”, y el Constitucional ha declarado con reiteración que la Constitución no reconoce un “pretendido derecho al insulto” (entre otras sentencias, 204/1997).

El acoso a políticos en plena calle es un acto vejatorio y lo sería aunque no fuera acompañado de insultos, pues pone a la persona, y en ocasiones a miembros de su familia, en evidencia humillante ante los demás. La libertad de expresión, que no puede entrar en juego aquí, actúa simplemente como argumento pretendidamente justificador.

Por lo demás, el asedio a diputados o senadores de quienes se intenta arrancar un voto determinado puede caer en el ámbito del Código Penal, cuyo art. 498 castiga a los que “emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave” contra ellos para, entre otros fines, coartar “la emisión de su voto”, y podrían ser castigados con “prisión de tres a cinco años”.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas dice buscar con estas acciones que los diputados asediados voten a favor de su iniciativa legislativa popular para imponer la dación en pago. Pero una cosa es el objetivo de resolver de la mejor manera el problema de los desahucios, que en mi opinión es muy necesario, otra cosa es la solución planteada, que es debatible, y otra es el método del acoso, que es de todo punto rechazable.

Y queda al final una evidencia: lo que hay aquí, pese a la bruma con que se quiera desfigurar, es una maniobra de la izquierda más o menos organizada contra la derecha gobernante, realizada fuera de los cauces establecidos para la discrepancia política. Nunca un grupo ha acosado a políticos de izquierda, ni siquiera ante los casos de corrupción más escandalosos, ni tampoco la izquierda oficial se ha mostrado enérgica para condenar a los acosadores. Y una cosa más: esta peligrosa moda, que está empezando, puede convertirse, si se la deja engordar, en una amenaza seria para el sistema. Deslegitimar a los gobernantes, como se viene haciendo, puede acabar en la deslegitimación de todo el entramado. Y la libertad de expresión no está para destruir sino para todo lo contrario.