La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Descalificación inmerecida

No me gusta repetirme, pero en esta ocasión no tengo más remedio que remitir al lector al último post de este blog, Viejas ideas sobre la prensa, porque bastante de lo que allí dije vale para comentar el concepto que el magistrado Ramón Sáez Valcárcel tiene de los medios de comunicación en España. Este juez ha sido el ponente de la sentencia de la Sala de lo Penal, sección 1ª de la Audiencia Nacional que absuelve a 19 acusados del acoso al Parlamento de Cataluña hace tres años, el 15 de junio de 2011. Su Señoría aduce, como una razón para comprender el comportamiento de los manifestantes y absolverlos, los problemas que tienen para expresar sus opiniones en los medios de comunicación, controlados por empresas privadas o por partidos políticos.

Conozcamos su argumentación en sus propias palabras. Sostiene que el “espacio público” está “delimitado y controlado por los medios de comunicación, en manos privadas, o, pocos, de titularidad estatal pero gestionados con criterios partidistas”, de tal manera que muchos padecen “la más absoluta imposibilidad (…) de acceder a la opinión pública para difundir y hacer llegar sus proclamas y opiniones”. Y concreta luego: “Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica”.

En consecuencia, los que participaron en el acoso al Parlament y actuaron contra los diputados con violencia, intimidación y amenaza (así lo dice el juez discrepante con la sentencia Grande-Marlaska) quedan exonerados de su responsabilidad porque no tienen medios de comunicación a su alcance para expresar sus opiniones. De los medios existentes, los principales culpables son los que se hallan “en manos privadas”, culpables para el juez por esa sola razón, ya que “delimitan” el espacio público. De ahí a propugnar el control público/político de los medios hay solo un paso, que ya dio en vísperas de la sentencia el líder de Podemos, que habrá aplaudido con entusiasmo la sentencia.

Esta idea hostil a los medios privados sólo puede tener base en dos motivos. O bien es producto de la experiencia o es una exudación ideológica. La experiencia no permite afirmar taxativamente que los medios de comunicación privados se abstengan de reflejar el pluralismo de la sociedad española en sus noticias y, la mayoría de ellos, en sus opiniones. Por otra parte, en España abundan los medios públicos sometidos a control parlamentario: la radio y la televisión estatales y todas las radios y televisiones de Comunidades autonómicas. Los medios públicos forman el grupo de comunicación más extenso y potente de España. Que hayan caído bajo el control de los partidos, como constata el magistrado, solo significa un vicio de la política que no llega a alcanzar a los privados. Pero, en todo caso, con todas sus imperfecciones, los medios de comunicación en su conjunto reflejan la realidad y quien los consume habitualmente lo sabe.

Además de todo ello, nuevos instrumentos de comunicación se han sumado a la estructura de los medios y han ampliado extraordinariamente las posibilidades de todos los ciudadanos de constituirse en emisores de sus propios mensajes. El vertiginoso desarrollo tecnológico de los últimos años no solo ha facilitado las llamadas redes sociales sino que ha expandido la posibilidad de creación de medios sin sometimiento a ningún control político ni partidista. Nunca como ahora los ciudadanos han gozado de una capacidad tan amplia y tan rápida de comunicar. La estructura y organización tradicionales de los medios de comunicación ha saltado por los aires a causa de los avances tecnológicos. La urgencia del periódico de papel para adaptarse al nuevo escenario es una prueba. Otra prueba es la entrada en la liza electoral de una firma como Podemos apoyada en la comunicación por internet y en su presencia en emisoras privadas de televisión, ahora tan denostadas incluso por ellos mismos.

Esa “absoluta imposibilidad de acceder a la opinión pública para difundir y hacer llegar sus proclamas y opiniones”, que tiene mucha gente según el magistrado Sáez Valcárcel, le sirve para eximir de responsabilidad a los acosadores de Barcelona, pero no es verídica en la España de hoy. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra para dilucidar este caso en el ámbito judicial. En el campo de los medios, la afirmación no responde a la realidad.

Los medios privados no se merecen esa descalificación