La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Derecho a la intimidad y tarjetas blacks

Algunas voces han aludido a la violación del derecho a la intimidad causada por la publicación de informaciones detalladas sobre los gastos de los directivos de Caja Madrid agraciados con una tarjeta black, negra, oculta a la contabilidad normal de la institución. Según ellos, la revelación minuciosa de sus consumos en restaurantes, tiendas de moda, viajes, hoteles y demás escapadas equivaldría a una indebida exposición pública de aspectos de su vida privada, por lo que se habría producido una extralimitación del ejercicio de la libertad de información y de expresión.

La vida privada es objeto de un derecho fundamental y no es legítimo exponerla por otros al conocimiento público. Este es el principio general que dicta la protección de la intimidad, un ámbito de soberanía personal sobre el que cada uno decide. Pero el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto que establezca un límite permanente al derecho a la información. Dicho de otra manera, hay aspectos de la intimidad personal y familiar que quedan, que deben quedar, sometidos al derecho a la información y, en consecuencia, pueden ser conocidos por la opinión pública.

El problema reside en determinar el motivo que permita la divulgación de informaciones que afecten a la intimidad de las personas, y de ello se ha ocupado reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional, que ha construido una doctrina precisa. Para que un hecho de la intimidad de una persona pueda ser legítimamente divulgado ha de constar de “relevancia pública” o, según otra expresión que usa el alto Tribunal, que “su comunicación a la opinión pública resulte justificada en función del interés público del asunto sobre el que se informa”.

La consecuencia es que no existe una intimidad black, completamente black, como la tarjeta de Caja Madrid, que se pretendía que fuera absolutamente opaca y tampoco así ha resultado. El derecho a la intimidad cede ante la relevancia pública y el interés público –no la mera curiosidad, como también precisa el Tribunal- del hecho a informar, lo cual exige un acto de “ponderación” entre los derechos que entran en conflicto –derecho a la información frente a derecho a la intimidad o, muy frecuentemente, derecho al honor- para decidir cuál de ellos prevalece sobre el otro.

Es evidente que en el caso de las tarjetas blacks el derecho a la información prevalece para que sea conocido por la opinión pública el uso desmedido que se ha hecho de los fondos de una institución financiera pública que estaba en grave quiebra y que además tuvo que ser rescatada con el dinero de todos. Gracias a esa información se ha conocido el montante escandaloso de las retribuciones que la Caja había establecido, posiblemente comparables a las de otras entidades privadas pero incompatibles, incontroladas y desvergonzadas para una entidad pública.

Se entiende la incomodidad de quienes ven expuesta su actividad privada ante el ojo público de los medios de comunicación. Pero la intimidad no es un salvoconducto para cualquier comportamiento. Por el contrario, los políticos y los demás gestores de entidades públicas generalmente han de ceder una parte de su intimidad ante los ciudadanos, que tienen derecho a conocer sus retribuciones, sus actividades relacionadas con su gestión, sus contactos, sus desplazamientos y a veces aspectos menos gratos de su vida privada y familiar.

Esto no quiere decir que los políticos y los gestores públicos carezcan del derecho humano a la intimidad que pertenece a todos los ciudadanos. Pero en su vida privada suele haber hechos de relevancia pública que el público tiene derecho a conocer. Como los ha habido en esos dirigentes de Caja Madrid, políticos, sindicalistas, empresarios, profesionales, que gastaban a manos llenas con la confianza injustificada de que su tarjeta y su intimidad eran tan blacks que nadie iba a tener derecho a conocerlas. El derecho a la información ha sido efectivo y el escándalo consiguiente, justificado.