La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Crear un problema mayor

El llamado “juicio paralelo” es un problema. Sin duda. Se trata de un efecto de la información periodística y unas veces se articula en los propios medios, otras nace en el combate político y otras es una deducción más o menos espontánea de la opinión pública. Es un problema para las personas afectadas, que se sienten condenadas antes de que la justicia dicte su veredicto. Los medios pueden hacer mucho por evitarlos, especialmente insistiendo en el derecho a la presunción de inocencia de todo el mundo. Pero, en realidad, el “juicio paralelo” es inevitable en términos absolutos porque la gente se forma su propia opinión sobre lo que conoce. Hay quien quiere evitarlos prohibiendo la información judicial. Pero eso es otro problema. Y mucho mayor.

Prohibir información sobre acciones judiciales es lo que ha recomendado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón una comisión que él creó para que asesore la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que se denominará Código Procesal Penal. Es una solución asombrosa, que llama más la atención, si cabe, al conocer que en la tal comisión hay juristas reconocidos, como el catedrático de Penal y abogado Luis Rodríguez Ramos y la portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo. El ministro ha puntualizado que no planea limitar el derecho a la información y eso permite pasar página sobre el mal día que tuvo la comisión. Pero, aún así, permítanme apuntar algunas sugerencias para paliar el efecto de los “juicios paralelos” sin tocar el intocable principio de la libertad de información. juicio-hp_oracle

1.- La primera se refiere a una reforma que ya se ha iniciado: la sustitución del término “imputado”, que se presta a todo tipo de sospechas. El imputado no es un acusado ni menos un condenado, pero el vocablo invita al prejuicio.

2.- Es necesario acortar los procesos para que las dudas que surgen en la opinión pública sobre las personas afectadas se confirmen o se despejen definitivamente. La duración interminable de las causas, sobre las que los medios tienen que ocuparse, es un trastorno añadido a los inconvenientes que sufren los implicados.

3.- Hay que prestigiar el principio de la presunción de inocencia, que está ausente de algunas acciones judiciales, especialmente de algunos autos que parecen redactados para acorralar e intimidar a los acusados e incluso a los simples imputados.

4.- La presunción de inocencia suele omitirse también en el debate político. José Blanco estuvo años exigiendo la dimisión de cualquier imputado o acusado –que no fuera socialista, por supuesto-, en un claro intento de condenarlo de antemano. Esta lamentable actitud la mantuvo el hoy ex ministro hasta que le tocó a él verse implicado en un presunto caso de corrupción. Cuando se le pidió que dimitiera como él exigía a los demás, declaró haber entendido sus excesos, pero el mal estaba ya consumado.

5.- Hay que aceptar que a veces los medios no actúan con la prudencia suficiente y que hay opiniones que dan por condenados a quienes merecen ser tenidos por inocentes mientras no se dice sentencia contra ellos. Algunos implicados no sólo parecen sino que incluso aparecen como condenados en los medios. Hay que tener en cuenta, no obstante, que los medios son reflejo de la actualidad, de la que forman parte los autos judiciales y el debate político con todas sus características subrayadas.

Hoy les cuesta entender a algunos que, mientras no se demuestre lo contrario, son plenamente inocentes protagonistas de la información judicial como Iñaki Urdangarín, Luis Bárcenas, los implicados en los Eres de la Junta de Andalucía, los Pujol investigados, los acusados en tantos casos de supuesta corrupción de todos los colores, incluido, por supuesto, el recalcitrante acusador José Blanco. Las cosas son así, y nadie está autorizado para adelantar un veredicto por muy evidente que parezca.

Las actuaciones judiciales tienen que seguir siendo públicas –en nuestro caso es una norma constitucional-. Prohibir las informaciones sobre ellas es crear un problema mayor. Pero es que además hoy el juez ya dispone de la facultad de ordenar en algunos casos el secreto del sumario, lo que afecta a todos los funcionarios y todos los intervinientes en el proceso. Si el secreto se rompe por unos o por otros –y aquí caben todos: abogados, implicados, fiscales y hasta jueces-, cosa que ocurre con alguna frecuencia, habrá de ser el propio juez, o instancia superior, quien disponga de recursos eficaces para disciplinar a los incumplidores.