Ataques contra periodistas en Venezuela: La barbarie asoma su rostro

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Venezuela vive bajo el signo de la violencia.  Lo dicen las escalofriantes estadísticas, lo mismo que las denuncias que de manera incesante han sido llevadas a distintas instancias de la justicia y a los foros internacionales, pero sobre todo de manera elocuente e irrefutable está plasmada en las imágenes que circulan en medios y redes sociales en  el país y en el exterior.

La violencia es de muy variada índole: la desbordada y sanguinaria violencia delincuencial, de las más altas del mundo;  la violencia política, que se ha ejercido represivamente en las calles y también de manera brutal hasta en el mismo hemiciclo de la Asamblea Nacional contra parlamentarios opositores,  y otra también constante y muy notoria porque ha tenido como blanco a un grupo de profesionales que desde hace quince años viven un especie de apartheid: los periodistas venezolanos.

El balazo, la patada, el perdigonazo, el robo o destrucción de los equipos de trabajo, las detenciones injustificadas, la exclusión forzosa de las fuentes de información, todo un cúmulo de vejámenes y atropellos que han tenido su causa primigenia en el insulto, la estigmatización de la profesión, las acusaciones infundadas, la intolerancia y la manipulación con la que se quiere reducir al periodismo crítico a una forma de “campaña política”.

Los medios fueron señalados por Chávez como uno de los grandes “escollos de la revolución”. Y desde entonces eran previsibles las consecuencias de ese discurso en una sociedad deliberadamente polarizada al extremo. Después de esa persistente prédica los resultados no se hicieron esperar y el trabajo para los periodistas en Venezuela se tornó un calvario. Además tuvo su gran vuelta de tuerca cuando el gobierno declaró desembozadamente su objetivo de instaurar una “hegemonía comunicacional”. Hasta el sol de hoy.

Una de las características de la violencia contra los periodistas es que arrecia en forma directamente proporcional a las tensiones políticas. En ese particular podemos estar en el preámbulo de uno de esos picos, pues además de estar en año electoral, ya de por sí conflictivos en Venezuela donde en las campañas ha habido saldo de víctimas fatales entre activistas, el país vive una crisis sin precedentes. El gobierno de Maduro está acorralado por el colapso de la economía, el desabastecimiento y la inflación, la crisis hospitalaria y la inseguridad personal. La moneda y su popularidad están pulverizadas y todas las encuestas señalan que la oposición mantiene una ventaja de dos dígitos para las venideras elecciones legislativas, a las que el dócil organismo electoral sigue sin fijarle fecha.

A pesar de que se dice que la sociedad venezolana ha perdido capacidad de asombro y que hechos que en cualquier parte causarían conmoción aquí parecen parte del decorado, en los últimos días dos acontecimientos que involucraron a profesionales del periodismo causaron estupor y profundo repudio.

El primero de ellos tuvo como víctima al  periodista gráfico Henry Chirinos, quien daba cobertura a una situación de enfrentamiento entre unos manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Municipal de Maracaibo, capital del occidental estado Zulia.  El propio Chirinos lo narró así: “De pronto se me viene encima el general de brigada Rubén Ramírez y sin ningún tipo de explicación comienza a forcejear conmigo tratando de quitarme la cámara, me identifico, lo llamo por su nombre, e igual, tras él vinieron seis efectivos más y me sometieron, golpearon y esposaron, me dieron patadas en el estómago y colocaron sus botas en mi cara. El general me arrebató la tarjeta de memoria de mi cámara, y hasta me robaron mis lentes”. La prensa recogió la escena de Chirinos en medio de la calle,  sin instrumentos de trabajo y con su camisa despedazada.

A los pocos días ocurrió un hecho de mayor gravedad en la sede de la Alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, donde un  grupo de trabajadores guiados por un concejal oficialista, alegando un reclamo laboral, irrumpieron en la sede del ayuntamiento y golpearon a varios de los empleados, de los cuales quince resultaron heridos, pero fue el equipo de prensa de la alcaldía el que llevó la peor parte.

El  camarógrafo Alejandro Ledo se encontraba en el techo de la alcaldía grabando los acontecimientos cuando fue atacado por el grupo de exaltados que luego de golpearlo y despojarlo de su cámara lo lanzaron desde lo alto de la edificación. Fue recogido inconsciente y llevado a un centro asistencial, donde le diagnosticaron edema cerebral. Increíblemente, la periodista Elena Santini también fue lanzada de la platabanda pero con la suerte de que sólo tuvo un esguince en un   tobillo. Otro periodista, Pedro Torres, también fue golpeado salvajemente en la cara. Los equipos de la oficina de prensa fueron destrozados.

Si ese ataque brutal resulta insólito, también lo es el hecho que personeros como el gobernador del Estado Aragua y el presidente de la Asamblea Nacional no lo condenaran y hasta encontraran formas de justificarlo y cargar la responsabilidad contra el Alcalde del municipio Iragorry, perteneciente a un partido de oposición.

La impunidad fomenta la violencia contra los trabajadores de la comunicación y los medios, lo que trae como consecuencia la autocensura. Todo lo cual repercute negativamente en la calidad de la información que recibe el ciudadano.

Esa saña y la indolencia oficial preocupan sobremanera a  los periodistas y a sus gremios y a un sector mayoritario de la sociedad que se mantiene pensando cómo se hará para que la violencia no se generalice y termine por arrasar la precaria paz de Venezuela y la lleve a un caos total.

Gregorio Salazar

Miembro de la directiva de Expresión Libre