La Libertad más frágil

Libertad de expresión, libertad de Prensa, libertad de imprenta y, desde 1948, derecho a la información son términos que expresan una de las aspiraciones más vitales del ser humano. La libertad de hablar, escribir y difundir por cualquier medio es un valor básico sin el cual no es posible organizar una sociedad justa, y exige el respeto correspondiente de todos los ciudadanos, desde el primero al último, a tal tesoro individual y social.

- Justino Sinova -

BLOG: Los partidos no defienden la presunción de inocencia

Periodistas y empresarios de Prensa han coincidido en rechazar la iniciativa parlamentaria del Partido Popular y de Convergència i Unió para limitar la difusión de imágenes de personas detenidas en investigaciones judiciales. La preocupación de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas) y de la AEDE (Asociación de Editores de Diarios) converge con la de los dos partidos conservadores, aunque por razones distintas. Periodistas y editores temen que se limite el derecho a la información, mientras que los partidos enmendantes se creen en el deber de proteger el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de quienes han de pasar por el trance de someterse a las diligencias de un juez. En realidad es el constante conflicto entre dos derechos fundamentales que todos los días, y prácticamente a todas horas, se produce en multitud de noticias procesadas por unos profesionales que se ven ante la responsabilidad de decidir si prevalece uno u otro.

La enmienda transaccional de PP y CiU se añade al artículo 520 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (que ya establece que “la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”) y el texto pasa ahora al Senado, que veremos si la modifica o la mantiene. En cualquier caso, al margen de su posible afectación al derecho a la información, resultará una medida escasa e ineficaz ante el daño que ya se está causando al derecho a la presunción de inocencia por una práctica política que casi lo ha anulado por completo. De nada servirá la limitación a la difusión de fotografías de imputados (que serán llamados “investigados” cuando la reforma de la ley entre en vigor) si se mantiene la sospecha ya establecida por los partidos políticos sobre tales imputados/investigados, que en la práctica son tenidos por culpables y no por inocentes, en contra de lo que establece la ley y reclama su derecho personal mientras no sean condenados.

La palabra imputado, que ha hecho ya mucho daño y ahora se revisa, ha sido siempre confusa y ha proyectado sobre la persona investigada la sombra de la desconfianza. Como además los partidos se decidieron a retirarlos de la vida política como una medida ante el aluvión de revelaciones y acciones judiciales sobre la corrupción, el imputado ha acabado siendo un culpable a los ojos de la opinión pública. Aquí está el problema. Los partidos no han defendido en la práctica la presunción de inocencia de los imputados sino que los han condenado previamente. La exigencia de la fulminación de los imputados en los pactos postelectorales en Ayuntamientos y Comunidades ha sido la última puntilla que han recibido.

Hace cinco años y medio, en diciembre de 2009, Cándido Conde Pumpido, en su función de fiscal general del Estado, dictó una “Instrucción sobre el control de la forma en que ha de practicarse la detención” que ya prevenía sobre la necesidad de una “moderación” en la ejecución de detenciones para “proteger tanto la dignidad, honor, intimidad y derecho a la propia imagen de las personas, como el respeto a la presunción de inocencia”. Entre otras medidas, establecía que “el momento en que se decida llevar a efecto la práctica de la detención de una persona ha de ser cumplidamente ponderado” y añadía que “no es aconsejable ordenar la detención en acontecimientos sociales o en lugares públicos, profesionales o de trabajo, salvo que exista un riesgo de fuga que sólo se pueda conjurar de ese modo”.  A todas luces, estas prevenciones no fueron tenidas en cuenta en el trato dado por la policía a Rodrigo Rato y a otras personas trasladadas por agentes, para las que el fiscal general pedía protección “de la curiosidad del público y de todo tipo de publicidad”.

Ni la introducción meticulosa de todas las cautelas de Conde Pumpido en la ley de Enjuiciamiento resolvería el problema creado en España con la figura del imputado/investigado. Si estuviera meridianamente claro para todos que un imputado no es un sospechoso ni un culpable ni por supuesto un condenado, no harían falta medidas excepcionales que limitaran la información. Pero han sido en especial los políticos los que han convertido al imputado en un réprobo. Si los partidos los desacreditan y los condenan, qué importa una foto de más o de menos. Lo que hace falta es reponer en su lugar a cada cual mediante una clarificación y una ponderación de los términos de la justicia y conseguir así que alguien llamado por un juez no reciba de inmediato la condena social. Tratar de arreglar este problema evitando una imagen en los periódicos o en el telediario es una bonita manera de marrar el golpe y dejar de ocuparse de lo fundamental.